Ahora que Enrique Peña Nieto ha descrito las cualidades que, según él, debe tener su sucesor (“honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía de que llevará a México por un rumbo de estabilidad y de orden”), habría que recordar una de las deudas de José Antonio Meade Kuribreña con los mexicanos.
Y es que como secretario de Hacienda y Crédito Público, a Meade Kuribreña le tocó revisar dos temas vinculados al uso de paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos e incluso para lavar dinero: los Panama y los Paradise Papers. Pero no hizo nada.
Ni una sola sanción ni investigación seria ocurrió en su gestión respecto de los miles de millones de pesos que tanto mexicanos como extranjeros sacaron del país con destino a diversos paraísos fiscales.
Por el contrario, Meade cubrió las espaldas de empresarios y trasnacionales involucrados en ambos escándalos internacionales, uno de ellos relacionado con las operaciones fraudulentas del despacho panameño Mossack Fonseca.
“No es ilegal tener dinero fuera de México; lo incorrecto es no reportarlo”, declaraba el entonces secretario de Hacienda, dando margen de impunidad a los clientes de los paraísos fiscales. Era el 6 de noviembre de 2017, días antes de que se definiera su candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional.
Para entonces había transcurrido ya más de 1 año de que se conociera el caso de los Panama Papers, también impune hasta ahora. Y Meade volvía a hacer lo suyo: exonerar, sin investigación previa, a los grandes dueños del capital.
El asunto no es menor: en sus manos recaía la decisión de Estado de poner fin a uno de los peores males en la actualidad, como se le debe catalogar al fraude fiscal, pues éste resta recursos al Estado para cubrir temas tan urgentes como la seguridad social.
Dice el periodista y escritor español Xavier Caño que la evasión, la elusión y el blanqueo de capitales son responsables de que los Estados recauden mucho menos y, en consecuencia, se vulneren derechos ciudadanos por no haber adecuados servicios públicos esenciales.
Además –apunta– crece la desigualdad y hay más incertidumbre, más pobreza y más sufrimiento, porque los Estados dejan de cobrar cientos de miles de millones de impuestos legítimos y obligatorios. Y sentencia: la evasión de impuestos impide que el Estado cumpla sus deberes con la ciudadanía (“El blanqueo de dinero viola los derechos de la ciudadanía”, Contralínea, 7 de mayo de 2017).
En los casos de los Panama y los Paradise Papers no se hizo justicia y de eso es responsable José Antonio Meade. Y es que como cabeza de sector podía haber ordenado que se investigara a fondo, pero no fue así.
Recordemos que bajo su mando estaban, ni más ni menos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en materia fiscal y financiera.
Así que, o no pudo o no quiso actuar. El mismo 6 de noviembre aseguraba Meade: “Cada vez que salen estas filtraciones nos da material para revisión. Tenemos cada vez más acceso a la información y habremos de estar atentos y lo vemos como una buena oportunidad de fiscalización”.
Pero de inmediato acotaba que no se debería prejuzgar a quienes figuran en esas listas, pues tener dinero fuera del país no es indicio de cometer un ilícito (El Financiero, 6 de noviembre de 2017). Según él, en casos de este tipo se había encontrado que la mayoría eran recursos que se habían declarado y habían pagado impuestos, aunque nunca transparentó qué casos.
“Estas declaraciones [de Meade] –que parecen dirigidas a defender y exculpar de antemano a quienes llevan sus recursos o parte de ellos a los paraísos fiscales– contrastan con el trato que se da a pequeños contribuyentes”, señala el análisis México: algunas consideraciones sobre la evasión fiscal que va al exterior, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
ejemplifica con una denuncia hecha por un lector del diario La Jornada (30 de enero de 2018): “Soy jubilado de Luz y Fuerza y aunque estoy separado de mi esposa, le deposito una cantidad cada 15 días desde hace cuando menos 15 años. El SAT le envió una regularización del ISR, y la invita a pagar un impuesto por la cantidad de 51 mil 341, porque, según ellos, no acredita el origen de esos depósitos. Yo entré el año pasado a la página del SAT y aclaré el origen de tales depósitos. No obstante, el SAT mandó una nueva invitación para hacer dicho pago”.
Por ello, “estos dos casos, el de los multimillonarios y el del extrabajador de Luz y Fuerza del Centro, ilustran perfectamente la actitud y los criterios diferenciados de las autoridades fiscales de México y cómo ya se aplica la política diferenciada que algunos hoy plantean”, apunta el análisis del maestro Heriberto López Ortiz.
En efecto, el terrorismo fiscal sólo se aplica para los pequeños contribuyentes. Los grandes –las fortunas nacionales y trasnacionales– reciben tratos privilegiados, que van desde la devolución multimillonaria e injustificada de impuestos, hasta el llamado perdón fiscal antes de que pisen la cárcel por evasores.
A los grandes contribuyentes el SAT no los exhibe en sus listas negras cuando dejan de pagar o cuando ya tienen créditos fiscales, pero a los pequeños sí: al primer atraso en sus declaraciones, publica nombres y apellidos sin importar el secreto fiscal y los datos personales.
¿Por qué? Pues porque hay un doble racero para juzgar a los ciudadanos y de ello también es responsable Meade, pues en su gestión como secretario de Hacienda consintió esos tratos injustos y desiguales. Por eso cabe preguntarnos si Meade, quien claramente encubrió a los grandes evasores, es el tipo de presidente que requiere México.
El análisis del Cesop subraya que la gestión de fortunas –es decir, la administración de recursos financieros– de personas físicas o de empresas en paraísos fiscales casi siempre es opaca. ¿Por qué los casos del Panama y el Paradise Papers que tocaron a México serían la excepción?
