Este martes fue presentado un documento de 91 páginas por parte de la fiscalía de la ciudad de Nueva York, donde se pide al juez Brian Cogan que acepte una serie de pruebas que respaldarían los 17 cargos por importar y distribuir cocaína en Estados Unidos que enfrenta Joaquín «El Chapo» Guzmán en la corte del distrito esta ciudad.

La evidencia, que no necesariamente está relacionada de manera directa con los cargos, serviría para respaldar las acusaciones contra Guzmán, de acuerdo con la fiscalía. La evidencia está contenida en 300 mil páginas de documentos.

La fiscalía presentaría pruebas de “actos de violencia”, que incluyen asesinatos, torturas y secuestros de rivales cometidos por el narcotraficante, pese a que no existen cargos en su contra por estos delitos.

El documento refiere que la rivalidad con la organización de Amado Carrillo Fuentes, un antiguo socio de negocios de Guzmán, “inició una guerra” en Ciudad Juárez en la década pasada.

Asimismo, la “guerra” entre Guzmán y su socio Ismael Mayo Zambada contra el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva incluyó “a cientos de sicarios armados” dedicados a buscar activamente para matarlo a él y a cualquier trabajador de la organización criminal de sus rivales en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El documento argumentó que no solo sus rivales eran víctimas de Guzmán, sino también todas aquellas personas de quienes sospechaba y cooperaban con las autoridades, como en el caso de su primo Juan Guzmán Rocha, a quien marca el documento, el mismo Guzmán mando a asesinar.

Además de evidencia de “actos de violencia”, se incluye su escape de la cárcel, información obtenida mediante grabaciones ocultas e interceptadas, las porciones relevantes de la entrevista que le hiciera el actor Sean Penn, y registros de medicamentos y de pagos de abogados.

La fiscalía también reiteró el derecho del gobierno para que los testigos del gobierno puedan declarar bajo seudónimo y sin que su identidad sea conocida. En el juicio podrían testificar unos 40 testigos.

En el caso también se incluirá evidencia de actividades de tráfico de drogas realizadas por Guzmán, antes y después del periodo incluido en la acusación, así como su actividad dirigiendo las operaciones del Cártel de Sinaloa mientras estuvo en la cárcel en México del año 1993 al 2001.

La fiscalía pidió también al juez Cogan excluir cierta evidencia del jurado, como porciones irrelevantes de la entrevista con Penn, las labores de caridad de Guzmán en Sinaloa y su supuesta intención de competir por el Senado en México.