Un juez otorgó un amparo a una niña en contra de la SEP y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y ordenó a estas autoridades despedir a entre 60 y 80 maestros que faltaron 12 días a clases sin justificación durante el ciclo escolar 2014–2015.
Lo anterior al considerar que dichos docentes debieron ser cesados en su momento para garantizar el derecho a la educación de la denunciante, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley General del Servicio Docente.
Según constató el portal Animal Político, a consideración del juez Francisco Rebolledo Peña, no existen razones fundadas ni suficientes para justificar el abandono de labores de los docentes adscritos a la escuela primaria “Justo Sierra”, en San Pablo Etla, Oaxaca, donde estudia la niña.
Por ello, concluyó que las autoridades incurrieron en una violación directa a los derechos de la niña “al no cumplir con su obligación de dotar de la idoneidad de los docentes y los directivos que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.
Faltar más de tres días sin justificación conduce la separación de cargos para los profesores, según estipula el artículo 76 de la Ley General de Servicio Docente.
Los docentes involucrados en este caso participaron con goce de sueldo en el paro de 12 días convocado en junio de 2015 por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sin embargo, las autoridades educativas presentaron constancias para justificar que los docentes no estaban en el paro, sino que faltaron a clases para asistir a un curso.
Así, el juez determinó que los profesores no debieron sacrificar el interés de los estudiantes por un “supuesto” curso.
“Estas constancias generadas por las autoridades del IEEPO atienden a una invención con el ánimo de justificar el ausentismo laboral, simulación que resulta una ofensa para la justicia federal y que no puede ser permitida”, estableció.
No obstante, Claudia Aguilar, del despacho Aguilar Barroso, puntualizó que no se busca perjudicar a los maestros.
“El amparo no es contra los actos de los profesores, sino contra las omisiones de las autoridades estatales y federales de la SEP de aplicar lo que la ley establece y vigilar el derecho de aprender de los menores.
En caso de ser separados de sus cargos para poder defenderse en otras instancias”, dijo.
Por ahora, el juez dio un plazo de 20 días a la SEP y el IEEPO para separar de sus cargos a los maestros involucrados.
