La presidencia de Raúl Castro ha sido testigo de drásticos cambios en la capacidad de los estadounidenses para viajar a Cuba, pasando de una dramática apertura durante la presidencia de Barack Obama a una posterior reducción parcial bajo el mando de Donald Trump:
Antes de la distensión
Antes de que el expresidente Barack Obama impulsara la distensión con Cuba en diciembre de 2014, la mayoría de los estadounidenses sin vínculos familiares en la isla podían visitarla solo en costosos viajes guiados dedicados a una “interacción significativa” con el pueblo cubano y, al menos en principio, debían evitar actividades que pudieran ser consideradas turísticas, algo ilegal según las leyes estadounidenses.
Las agencias de viajes “persona a persona” necesitaban permisos especiales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sufrían auditorías regulares y podían enfrentar fuertes multas o la pérdida de su licencia por permitir que sus clientes realizaran actividades turísticas.
Una vez en Cuba, estas empresas debían contratar guías, autocares turísticos y habitaciones en hoteles del gobierno, lo que suponía que los viajeros estadounidenses estaban constantemente bajo la supervisión de las autoridades. Como consecuencia, solían asistir a actividades y charlas favorables a las posiciones del gobierno cubano en asuntos nacionales e internacionales.
Las reformas de Obama
Obama eliminó la necesidad de inscribirse en un viaje organizado, permitiendo los viajes “persona a persona” individuales que en la práctica eran no se podían diferenciar de las visitas a cualquier otro país del mudo. Por ley, los viajeros debían guardar registros de sus actividades, pero la Casa Blanca dejó claro que no haría cumplir este requisito.
La plataforma de alquileres particulares en internet Airbnb comenzó a operar en Cuba y los vuelos comerciales entre las dos naciones se reanudaron tras más de medio siglo. Como resultado de esto, los viajes entre Estados Unidos y Cuba casi se habían triplicado cuando Obama dejó el cargo. Los ciudadanos estadounidenses participaban en actividades que podrían considerarse turismo ilegal, pero también dejaron cientos de millones de dólares en restaurantes y alojamientos particulares, impulsando el crecimiento de un incipiente sector privado en la isla.
Un paso atrás con Trump
Trump reinstauró el requisito de los viajes “persona a persona” en grupos muy regulados. Muchos empresarios cubanos notaron un descenso en la llegada de turistas estadounidenses, cuyo dinero permitió la aparición de muchos negocios privados en la isla tras el inicio de la normalización de las relaciones entre los dos rivales de la Guerra Fría.
Esta política también prohibió las transacciones financieras entre estadounidenses y el conglomerado controlado por el ejército que domina gran parte de la economía cubana, incluyendo docenas de hoteles, restaurantes y autocares turísticos estatales.
La mayoría de los turistas que viajan de forma individual a la isla ignoran o desconocen la prohibición, y los grupos turísticos han encontrado innumerables vías para hacer negocios con el gobierno cubano cumpliendo literalmente la ley, como por ejemplo haciendo negocios con el Ministerio de Turismo y otras organizaciones no vinculadas directamente al ejército.
Un estadounidense puede viajar legalmente a título individual a la isla con el propósito de ayudar al pueblo cubano, una categoría que incluye colaborar con organizaciones de derechos humanos y ONG a fortalecer la democracia y la sociedad civil. En términos reales, este tipo de visitas son prácticamente iguales a los viajes “persona a persona” ya que visitan los mismos negocios privados, granjas orgánicas y recintos musicales que con Obama.
Las cifras del gobierno cubano muestran que 2017 fue un año record para el turismo, con 4,7 millones de viajeros que inyectaron más de 3 mil millones de dólares en la renqueante economía de la isla. En su mayoría fueron canadienses, cubano-estadounidenses y europeos, que no enfrentan restricción alguna. Sin embargo, el número de estadounidenses sin vínculos familiares en el país superó los 600.000, más de seis veces más que la época previa a Obama. En medio de este auge _ una subida general del 18% desde 2016 _ los propietarios de los restaurantes y alojamientos privados reportaron fuertes caídas.
Esto se debe en gran medida a que la mayoría de los estadounidenses que viajan desde la entrada en vigor de la ley de Trump llegaron a bordo de cruceros, una vía que no está sometida a las restricciones de la Casa Blanca. Los pasajeros de los cruceros pasan todo o casi todo su tiempo en Cuba en actividades organizadas por el gobierno de La Habana.
Esto supone que, por el momento, la política de Trump da dinero al gobierno cubano y a no a los negocios privados, el efecto contrario al que se buscaba.
