La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó que el presidente de aquel país, Nicolás Maduro, sea enjuiciado por presuntos hechos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.

Con 105 votos a favor y dos en contra de dos diputados considerados oficialistas, la Asamblea Nacional determinó que existían méritos para continuar con un proceso judicial por corrupción contra Maduro.

Esta aprobación significa la autorización a un grupo de 30 magistrados exiliados para procesar al presidente; sin embargo, este juicio no tendrá ninguna repercusión debido a que estos jueces no son reconocidos por las autoridades locales.

Estos jueces fueron nombrados el año pasado por el poder Legislativo de aquel país y huyeron después de que las autoridades ordenaran su detención para ser procesados por usurpación de funciones y traición a la patria.

«La corrupción de ese hombre (Maduro) es la que hoy nos ahoga«, afirmó Juan Guaidó, diputado opositor que defendió el proceso contra el mandatario, y dijo que Maduro tiene que ser juzgado desde el exterior porque «Venezuela vive en dictadura».

El proceso contra el presidente venezolano fue iniciado por Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, quién acusó a Maduro de solicitarle a Odebretch 50 millones de dólares para su campaña presidencial en 2013.

Por su parte, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Constituyente, publicó en su cuenta de Twitter que se pretenden «ilegalmente» acciones contra la democracia y Maduro.