El gobierno de Sonora, a través de una serie de juicios de extinción de dominio, busca expropiar más de 561 millones de pesos en propiedades al exgobernador de este estado, Guillermo Padrés Elías y sus colaboradores, de acuerdo con Rodolfo Montes de Oca, titular de la Fiscalía General de Justicia en la entidad.
Los ranchos de Padrés serían Pozo Nuevo, ubicado en Bacanuchi, municipio de Arizpe, valuado en 165 millones 158 mil 115 pesos; El Derrumbadero, también en Arizpe, con valor de 87 millones 375 mil 502 pesos; y la hacienda rústica Caballerizas, en el ejido San Pedro, municipio de Hermosillo, con avalúo de 39 millones 94 mil 701 pesos.
También se buscará expropiar la hacienda turística temporal de Pascual Díaz, del exsecretario de Gobierno, Roberto Romero López, con un valor de 37 millones de pesos.
A Mónica Paola Robles Manzanedo, exdiputada panista y esposa del ex secretario de Gobierno, se le interpondrá juicio de extinción de dominio de una casa habitación ubicada en el fraccionamiento Tosali, en Hermosillo, valuada en un millón 825 mil pesos, así como un predio rural a la altura del kilómetro 11 de la carretera estatal 362 Navojoa-Huatabampo, con valor de 12 millones de pesos, y una vivienda en Navojoa con valor de 820 mil 950 pesos.
A Carlos Manuel Villalobos Organista, exsecretario de Hacienda, se le buscará expropiar en total cinco inmuebles. Un predio comercial, con valor en escritura de 47 millones 880 mil 600 pesos, un condominio de 2 millones 654 mil 540 pesos, y tres casas.
A Juan Bautista Durazo, exdirigente del PAN en Sonora, se le interpondrá juicio por un predio urbano en Paseo Río Sonora, de Hermosillo, valuado en 4 millones 410 mil 406 pesos.
El anuncio de los juicios de extinción de dominio lo realizó el fiscal sonorense y reveló que las personas investigadas han promovido amparos ante jueces federales.
“Como han de imaginar, en el curso de esos amparos los quejosos promueven abundantes recursos, que retrasan a lo largo de mucho tiempo la emisión de la resolución de fondo y, por tanto, ha impedido que la Fiscalía Anticorrupción haya podido ejercitar acción penal en múltiples casos, con lo cual se ha entorpecido y obstaculizado la procuración de justicia”.
El Fiscal Anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza Valdez, señaló que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ofrece como una de sus ventajas la reparación del daño, lo cual dijo, es fundamental para los casos de corrupción que se investigan.
