Expertos y economistas consideran que algunas de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la república, como la de otorgar apoyos económicos a sectores vulnerables de la población, además de ser poco factibles, constituyen un riesgo para la economía de México, debido al eventual aumento en el gasto público al que podrían llevar.
“Creo que hace falta poner números claros para entender los costos y fuentes de ingresos para cada una de las propuestas que aquí se presentaron”, dijo Arturo Fernández, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), según la revista Expansión.
Dicha opinión se da luego de que los asesores económicos de los tres principales candidatos a la presidencia presentaran ayer sus propuestas en el Foro True Economic Talks, organizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Los expertos mencionan, por ejemplo, que si se establece un Ingreso Básico Universal, como lo propone Ricardo Anaya, y si este fuera de mil pesos mensuales, el gasto total sería de 1.5 billones de pesos, lo que desequilibraría a las finanzas públicas.
Un gasto similar representaría una tercera parte del presupuesto del sector público, el cual sumó 5.1 millones de pesos en 2017.
Fausto Hernández, profesor investigador de Centro de Investigación para el Desarrollo Económico (CIDE), consideró que los apoyos prometidos por Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador pueden afectar también la conducta de la población, al inculcarles una cultura del menor esfuerzo con recursos a cambio de ninguna actividad.
En el caso del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, su propuesta gira en torno a apoyos económicos por 3 mil 600 pesos al mes a jóvenes que no estudian, ni trabajan para que se integren al mercado laboral o puedan estudiar.
Dicha asignación de recursos representaría en total un gasto de 99 mil millones de pesos.
Por ello, Jaime Ros, académico e investigador del Colegio de México, señaló que los candidatos deben buscar balances en sus propuestas económicas, pues con los ingresos a los que tiene acceso el sector público no se puede prometer educación y salud de calidad a toda la población sin incrementar la deuda pública.
Aplicar la ley, a quienes incumplen, pide CCE
En el marco del foro de True Economic Talks, los empresarios se pronunciaron a favor de aplicar la ley contra quienes no cumplan con contratos obtenidos en licitaciones energéticas o en los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
“Simplemente que la ley ponga en su lugar a quienes están fuera de la ley, o que quien no ha cumplido con un contrato tenga consecuencias y que a los que estemos trabajando todos los días nos dejen seguir trabajando. Si estamos separados no vamos a lograr avances para México”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
El sector privado ha expresado su inconformidad con las propuestas de López Obrador, respecto a revisar contratos derivados de la reforma energética y para el NAICM.
Castañón refirió que la cúpula que representa no tiene militancia con partido, pero que sí tiene libertad para expresar con qué no está de acuerdo.