(AP) — Un integrante de la selección uruguaya no viajará al Mundial de Rusia luego de que organizaciones de derechos humanos lo acusaran de haber sido subcomisario en una dependencia policial donde se torturó durante la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1985.
El afectado es el expolicía Miguel Zuluaga, encargado de seguridad de “la Celeste” desde el 2000.
La decisión se tomó “de común acuerdo entre las partes y en aras del interés supremo que implica la selección nacional”, señaló un comunicado difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol el viernes a la tarde.
Las autoridades del fútbol uruguayo evitaron pronunciarse respecto a si las denuncias que recaen sobre Zuluaga son verdaderas o falsas. El comunicado agrega que Zuluaga manifestó ser inocente.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan al funcionario de haber sido cómplice de las torturas aplicadas a los presos políticos. La denuncia se apoya en escritos oficiales de los años de la dictadura que ubicarían a Zuluaga como subcomisario de Inteligencia policial, una dependencia donde se señala que se torturaba a los detenidos. En uno de los documentos, el acusado aparecería firmando una orden de allanamiento a la casa de un periodista opositor.
“Es un tema muy sensible, complejo. Sabemos que sea cual sea la posición que adoptemos siempre va a haber polémica”, había dicho días atrás el presidente de la AUF, Wilmar Valdez, a la AP.
Unos 30 civiles y militares han sido procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que hizo de la tortura una práctica recurrente. En su mayoría fueron condenados por casos de asesinatos y desaparición forzosa.
Zuluaga no enfrenta cargos ante la justicia, manifestó su abogado Diego Durand.
En 1986, un año después de que el país recuperara la democracia, el Parlamento sancionó la Ley de Caducidad que puso fin a los procesos judiciales sobre los crímenes cometidos en la dictadura. Dos veces los opositores a la ley consiguieron las firmas necesarias para someterla a un plebiscito, pero en ambas ocasiones la mayoría del electorado la ratificó.
En 2011, tras la llegada de la coalición de izquierda Frente Amplio al gobierno, el Congreso sancionó una nueva norma que anuló los efectos de la Ley de Caducidad, pero dos años después la Suprema Corte declaró que dos de sus artículos eran inconstitucionales. Este devenir judicial y político ha complicado el avance de las causas por los crímenes del régimen de facto pese a las constantes denuncias de los organismos de derechos humanos.
