En audiencia celebrada este domingo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, imputados por la Fiscalía General del Estado (FGE), en los que se incluyen cargos por los que podría enfrentar hasta 38 años de prisión.
Ante los datos de prueba presentados por el Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General del Estado de la Ciudad de México (PGJCDMX), fue comprobada su probable responsabilidad en los hechos que se señalan en los Procesos Penales 38/2017 y 56/2017.
En la audiencia, el Juez de Control determinó subsumir las conductas señaladas como abuso de autoridad, coalición, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, al peculado, antijurídico contemplado como el de mayor penalidad.
A su vez, dio procedencia a la vinculación al Proceso Penal 38/2017, por la probable comisión de los delitos de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.
En la audiencia, el Juez de Control adscrito al Reclusorio Norte de la CDMX dio procedencia a la probable culpabilidad del uso de una aeronave propiedad del gobierno de la entidad para uso particular, cuando el exmandatario ya no se encontraba en funciones.
Asimismo, se acreditó la no realización de entrega-recepción de bienes, documentos y oficinas bajo su resguardo a su sucesor, luego de que solicitó licencia definitiva al cargo de gobernador y se acreditó que por instrucción suya, se transfirieron de manera indebida 220 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Al vencimiento de la investigación complementaria y en la etapa de juicio oral, la Fiscalía decidirá al momento de presentar la acusación, la probable procedencia de presentación de una variación de la clasificación jurídica de los delitos que se le acusa a Duarte de Ochoa, lo que le permitirá hacerlo por el delito de peculado u otros, lo cual es una facultad contemplada por el nuevo sistema de justicia penal.
Ante el Juez se logró acreditar la necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que duren los procesos que se instruyen en su contra, es decir, independientemente del resultado del proceso que se lleva en contra del exgobernador a nivel federal, deberá permanecer recluido en tanto enfrenta las imputaciones formuladas por la FGE.
