Venezuela demostró una vez más ser la bandera de lucha de los pueblos latinoamericanos en contra de la oligarquía internacional que por todos los medios ha buscado trastocar la voluntad democrática de una nación, en su afán por apropiarse de sus riquezas naturales y de su petróleo. Con su voto, millones de venezolanos cerraron la puerta a un nuevo intento de desestabilización con la ayuda de una recalcitrante derecha que no conoce más apego a la patria que su interés monetario.

Toda una nación salió a ejercer su derecho a elegir en libertad y democracia el gobierno que desea y a defender, con plena conciencia, su soberanía nacional, su agua, hidrocarburos y demás recursos, del asedio de las voraces trasnacionales que, con la ayuda de gobierno cómplices, han saqueado y devastado miles de comunidades indígenas, campesinas y rurales en países de todo el continente a través de la imposición de megaproyectos extractivos y de generación de energía, donde México no es la excepción luego de la aprobación de reformas estructurales regresivas como la energética.

Aún después de la incuestionable demostración de fuerza y unidad del pueblo venezolano habrá quienes, desde el exterior, y en particular desde Estados Unidos, busquen seguir alimentando una confrontación social como la del pasado año cuando fracasaron en su intento por encender la chispa de una guerra civil que no encontró eco más que un reducido grupo manejado por la derecha venezolana.

Antes de los comicios, el presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció una maquinación entre el gigante del Norte y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la promoción de un plan de acciones violentas para intentar desestabilizar a Venezuela, una vez realizadas las elecciones. Es innegable que para el gobierno estadunidense y sus aliados la decisión democrática y el derecho a la autodeterminación de los países del continente sólo tiene validez si implica llevar al poder a gobiernos acordes a sus intereses, y dóciles a sus directrices.

 

La única confrontación que realmente subsiste tras la abrumadora decisión de los venezolanos en las urnas es la que enfrenta a dos esquemas diametralmente opuestos: el primero, un proyecto de izquierda que busca la defensa de los recursos de una nación para fomentar su propia riqueza y desarrollo al fortalecer su independencia económica y soberanía, elevando el bienestar y nivel de vida de la población en su conjunto; y el segundo, un proyecto voraz y depredador cuyo objetivo es la acumulación salvaje de capital a través de la imposición de salarios precarios y la concentración de la riqueza en una cuantas manos, llevándose las ganancias al extranjero, como sucede con la mayoría de las multinacionales.

Una lucha sorda contra Venezuela dio inicio antes de que se depositara el primer voto el pasado día 20, no importándoles a sus autores intelectuales poner en riesgo la salud de miles de personas, niños incluidos, al negarle al gobierno de Nicolás Maduro la venta de medicamentos por los laboratorios que antaño los suministraban a su gobierno; la propia Organización Panamericana de la Salud se ha negado al pago de las dosis para la campaña nacional de vacunación, buscando que la OEA declare un estado de emergencia humanitaria para permitir una encubierta intervención extranjera.

Lo mostrado en los conteos electorales es la antítesis de lo difundido por los medios de comunicación alienados con los intereses del gobierno de Estados Unidos y otras naciones de la Comunidad Europea como España, que por todos los medios han buscado crear una falsa realidad de lo que realmente acontece en Venezuela. Y México no ha estado exento a esta tendenciosa manipulación. A toda costa se pretende anular los derechos democráticos de los habitantes de la agredida nación, magnificando la inconformidad de reducidos grupos de agitadores al servicio de la derecha.

Personajes como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón así como funcionarios de la cancillería han hecho el papel de comparsas del gobierno estadunidense en sus ataques a Venezuela y hasta se han atrevido a alertar de que bajo ninguna circunstancia debe permitirse la instauración de un modelo de gobierno similar en México, cuando por el contrario lo acontecido en la nación suramericana es un ejemplo de resistencia para América Latina y el mundo entero, en contra de la oligarquía internacional.

En diversos países del continente las derechas han mostrado su incapacidad para sacar a flote sus economías; a 2 años y medio de haber asumido el poder en Argentina, Mauricio Macri tiene al borde de la flotación al peso argentino frente al dólar. Su retorno a los brazos del neoliberalismo ha provocado un duro golpe a la economía de millones de familias de trabajadores y de la clase media, al haber disparado las tarifas de servicios básicos.

Desde finales de 2015, los argentinos han visto incrementar el precio del gas doméstico en un 1 mil 13 por ciento; las tarifas eléctricas se han disparado en un 1 mil 615 por ciento; el agua, en 500 por ciento; los autobuses, en 233 por ciento, y el Metro, en 178 por ciento. De esto, claro, poco se habla en los medios masivos de Estados Unidos y de México, como tampoco de la persecución judicial y encarcelamiento al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a manos del derechista Michel Temer, con el fin de imposibilitarlo a participar en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Los detractores en México del gobierno de Maduro nada dicen de la devastación y despojo que enfrentan desde hace 4 sexenios los pueblos indígenas y campesinos por compañías extranjeras gracias a las reformas a la Ley Minera, hechas por Carlos Salinas en 1992 y apoyadas por los subsecuentes gobiernos de corte neoliberal: a la fecha existen 25 mil concesiones mineras que han permitido a firmas canadienses y hasta chinas apoderarse de 37 millones de hectáreas; 18.5 millones de las cuales pertenecen a 8 mil ejidos y comunidades agrarias, obligados a ceder sus tierras por la fuerza.

 

Con las leyes secundarias de la reforma energética, los despojos irán en aumento al permitir a las trasnacionales concretar proyectos hidroeléctricos y eólicos, hasta llegar a la devastación de regiones y ecosistemas enteros con la explotación del gas shale, mediante el sistema de extracción del fracking, que implica el uso de millones de litros de agua y la contaminación del subsuelo.

Contrario a un escenario de prosperidad nacional y bienestar social para millones de mexicanos, el modelo económico al que se opone al pueblo venezolano ha aniquilado en nuestro país la autosuficiencia alimentaria; tan sólo este año y para satisfacer nuestro consumo interno, el gobierno importará 16.5 millones de toneladas de maíz a un costo de 44 mil millones de pesos, mientras 2.5 millones de hectáreas permanecen sin sembrar a consecuencia de la devastación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el agro nacional.

Por eso, hay que tomar el ejemplo de Venezuela para luchar por un cambio de fondo en un modelo económico que únicamente rinde dividendos y prosperidad a unos cuantos, sobre todo capitales trasnacionales cuyas inversiones, ahora tan defendidas en tiempos electorales, no han generado empleos bien pagados ni han sacado de la pobreza a millones de mexicanos.

 

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas