Soy de aquellos convencidos que este último proceso de sufragio en Colombia para optar por un nuevo mandatario que guíe los destinos de esa nación ha tenido más un carácter plebiscitario que propiamente electivo.
En efecto, los discursos políticos de los contendores marcaron una oratoria polarizadora a la población sustentada, por un lado, en los desatinos del Acuerdo de Paz suscrito entre los representantes del Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC) y, por el otro, en la evocación de un castrochavismo que no es más que es una extraña simbiosis entre un comunismo delirante y un cuasi-fascismo trastocada con una verborrea demagógica.
El abogado Iván Duque, representante del “Partido Centro Democrático” fundado por el expresidente Álvaro Uribe y acérrimo opositor a dicho Acuerdo obtuvo el 39.1% en el escrutinio seguido por el economista Gustavo Petro, con el 25.1%, representante de una coalición izquierdista, en cuya juventud participó en la organización guerrillera insurgente M-19, y un cercanamente rezagado Sergio Fajardo, representante de la “Coalición Colombia” y quien, con su 23.7%, buscaba atraer a los votantes con un discurso mucho más moderado que los favoritos en las encuestas, dejándolo a las puertas de la entrada a la segundo vuelta a disputarse el próximo 17 de junio, habida cuenta que ninguno llegó al mínimo legal requerido para ponerse la banda presidencial.
Vale la pena mencionar el caso del abogado Humberto de la Calle, representante de una Coalición de Partido Liberal y cuya condición de haber sido jefe del equipo negociador en el proceso de paz con las FARC (2012-2016) le rindió un exiguo 2.1% de los votos. Su gran pilar programática en la campaña, obviamente, fue la defensa de la paz y el diseño de políticas públicas a favor de la equidad y que, a la luz de los hechos, fue poco acogida por la población.
El antagonismo creciente del ciudadano de a pie frente a aquel Acuerdo de Paz es, precisamente, lo que podría haberlos llevado a distanciarse de las posiciones moderadas y no seguir con aquellas excesivas concesiones que el Gobierno de Santos y sus negociadores le habían otorgado a las FARC para su participación en la vida política de esta nación cafetera donde, por supuesto, ninguno de los líderes homicidas terminaría tras las rejas; además, de recibir del erario público una suma especial para su funcionamiento y otro tanto para contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, convirtiéndose el propio Estado en el auspiciador oficial de una doctrina proveniente de la insurrección.
Está visto que, si la población votó mayoritariamente contra las concesiones de aquel Acuerdo de Paz y castigando duramente al jefe del equipo negociador, la lectura de los resultados en el escrutinio de este último fin de semana en Colombia ha tenido la especial particularidad de ser manifiestamente plebiscitario y en un claro rechazo a los compromisos del Gobierno de Santos con las FARC que, a criterio de muchos, ha sido una actitud pusilánime y claudicante del Estado.
Parece ser que, en el panorama de la segunda vuelta electoral, la balanza de los votos estaría inclinada a favor del uribismo, representado en el candidato Iván Duque; dejando aun en el nerviosismo como habrá de afinarse aquellas materias que fueron tratadas en el Acuerdo de Paz que no impliquen un retorno al alzamiento de las armas explícitamente acompañadas, cómo no, esta vez con el funesto narcotráfico.
