La Fiscalía General de El Salvador ordenó el viernes la captura del expresidente Mauricio Funes, varios de sus exfuncionarios y familiares acusados de participar en actos de corrupción mediante los cuales se quedaron con fondos del Estado por 351 millones de dólares.
“Se han girado 31 órdenes de capturas”, entre ellas la del expresidente Funes, su secretario privado Francisco Cáceres, el expresidente del estatal Banco Hipotecario Manuel Rivera Castro y el exsecretario de Comunicaciones David Rivas, dijo el viernes en conferencia de prensa el jefe del Ministerio Público, Douglas Meléndez.
Meléndez informó que se envió un oficio a la policía internacional Interpol “alertando que el señor Funes es persona de interés” para El Salvador y también “se va a solicitar la extradición” del exmandatario y los familiares que lo acompañan.
Funes, su compañera de vida Ada Mitchelle Guzmán Sigüenza y tres de sus hijos, están en Nicaragua donde recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega.
En tanto, las autoridades capturaron al empresario cafetalero y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Miguel Menéndez, considerado uno de los principales organizadores del desvío de los fondos públicos.
“En el gobierno del expresidente Mauricio Funes se dieron graves e indignantes casos de corrupción en los que se extrajeron 351 millones (de dólares) de cuentas públicas. Funes creó una nueva forma de desviar fondos públicos al crear partidas de gastos imprevistos”, explicó Meléndez.
Además se emitieron órdenes de captura contra Guzmán Sigüenza, Regina Cañas, exesposa de Funes y el hijo de ambos, Diego Roberto Funes Cañas.
También se ordenó la captura de Carlos Mauricio Funes Velasco, otro de los hijos del expresidente.
Según la Fiscalía, durante los cinco años del gobierno de Funes (2009-2014) se realizaron diversas operaciones en las que se desviaron 351 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.
“Es una estructura sofisticada que fue creada por el señor Funes y el señor Menéndez… para extraer fondos públicos del Estado y después distribuirlos a nombre de personas claves”, afirmó Meléndez.
El expresidente negó los cargos en su contra y justificó algunos de los pagos a empresas, entre ellas Polistepeque que dirigió su campaña presidencial y después manejó las cuentas de publicidad de casa presidencial durante su gobierno.
“Vamos paso a paso. Si a Polistepeque se le pagó por servicios profesionales prestados a CAPRES (la casa presidencial) luego de cumplir los requisitos de ley, ¿dónde está el delito? No tengo nada que ver con ella. El que haya sido fundada por quien fuera mi asesor de campaña no me convierte en delincuente”, escribió Funes en su cuenta oficial de Twitter.
Añadió que otro de los delitos que la Fiscalía le imputa es lavado de dinero “por el pago que hizo Odebrecht a quien fuera mi asesor de campaña. ¿Y qué tengo que ver con ese dinero si nunca recibí nada de Odebrecht?”.
Meléndez dijo que ahora Funes no puede alegar que es un perseguido político y que no iba a responder los señalamientos formulados por el exmandatario desde Nicaragua.
“El expresidente Funes tiene calidad de imputado. Acusado de delitos de corrupción. Prófugo de la justicia. Todo probado con prueba técnica, pericias, testimonios y otras. Por lo tanto, no puedo responder a dichos ni de él ni de ningún otro incriminado en proceso alguno”.
El Fiscal General aseguró que durante la investigación encontraron 14 inmuebles en el país que son propiedad de Funes, pero que están a nombre de testaferros y que han dado con otras propiedades a su nombre en los Estados Unidos.
Aseguró que fueron “hasta 292 millones (de dólares) de los fondos retirados en efectivo del Banco Hipotecario” y que “este procedimiento se hacía retirando en efectivo”. Se retiraba “en cantidades millonarias en físico a través de bolsas negras para la basura”.
Según la Fiscalía, Funes gastó 4,5 millones de dólares en viajes de placer a distintas partes del mundo, pagando también boletos de avión para sus familiares y de los de su compañera de vida.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiara de La Fiscalía, Jorge Cortez, señaló que Guzmán Sigüenza utilizó parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en Beverly Hill’s, California, Estados Unidos.
Funes, de 58 años y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el tercer expresidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos
En noviembre 2017, un tribunal civil condenó a Funes por enriquecimiento ilícito y le ordenó devolver el dinero al Estado.
En la misma resolución la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador condenó a su hijo, Carlos Mauricio Funes Cañas por el mismo delito, inhabilitó a Funes para ocupar cargos públicos por los próximos 10 años.
El expresidente Francisco Flores (1999-2004) murió en enero de 2016 cuando se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por el supuesto desvío de 15 millones de dólares en 2001.
Por su parte, Tony Saca, que gobernó entre 2004 a 2009, está siendo procesado por el presunto desvío de al menos 246 millones de dólares y según las autoridades de ese monto unos 116 millones fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y luego trasferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.
