Paulo Díez Gargari, abogado integrante de la iniciativa Ahora, de Emilio Álvarez Icaza, anunció que presentará una denuncia contra el candidato presidencial José Antonio Meade por presuntamente firmar un decreto para favorecer a Braskem–Idesa, filial de Odebrecht.
Díez Gargari aseguró que si bien el candidato priista no firmó los contratos con la empresa petrolera cuando fue secretario de Hacienda, sí suscribió un decreto para otorgar a un particular un beneficio indebido hasta por 35 años.
“No solo se le vende etano barato, subsidiado por los mexicanos, a un particular sino que el gobierno mexicano desplaza a su competencia, la aniquila a través de la publicación de un decreto, por el cual se incrementa la tarifa de importación del polietileno, que es el producto final que este particular vende en el mercado.
“Esto significa ‘te vendo barato a costa de los mexicanos y además elevo la importación del polietileno para que los consumidores mexicanos tengan que comprarte a ti y no tengas competencia’. Este es un delito grave y es José Antonio Meade quien firma este decreto, el 13 de noviembre de 2012, siete días antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón“, dijo en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
El abogado detalló que además de Meade, estarían involucrados también José Antonio González Anaya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); el presidente Enrique Peña Nieto y el actual canciller Luis Videgaray, todos ellos por omisión.
“Este delito lo cometen por lo menos José Antonio Meade, por omisión José Antonio González Anaya, quien era subsecretario de ingresos, pero también Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, porque no solo es por acto sino por omisión.
Ellos debieron darse cuenta que ese decreto que incrementaba la tarifa de importación del polietileno y que iba a entrar en vigor hasta el 1 de enero del 2015 era un acto que perjudicaba la economía nacional y debieron haberlo detenido. Al no hacerlo, son partícipes del mismo delito“, señaló.
Díaz afirmó que se la denuncia se presentará para evitar confusiones ni que la PGR “trate de enredar todo” bajo el argumento de decir que todo es muy complejo.
“Aquí hay un delito muy claro que se tiene que perseguir y después de esto iremos aportando las pruebas para todo lo demás: uso indebido de atribuciones, abuso de poder y otros“, dijo.
“Solo en 2016, y esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación, esta trama criminal nos ha costado mil 935 millones de pesos, pero solo por nueve meses y medio… Si Pemex va a perder 2 mil millones de pesos por año, en 35 años va a perder 70 mil millones de pesos, que podrían utilizarse en escuelas, hospitales o carreteras”, añadió.
