La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivó a la máxima corte constitucional peruana el control del cumplimiento de la ley de un polémico indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori por violación de los derechos humanos durante su gobierno en los 90.
En una resolución publicada el viernes, la CIDH indicó que “considera conveniente que los órganos jurisdiccionales peruanos competentes puedan pronunciarse” sobre un “control del indulto por razones humanitarias” otorgado en diciembre a Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por su responsabilidad mediata en los asesinatos de 25 peruanos en dos matanzas que ocurrieron en los primeros años de la década que gobernó Perú (1990-2000).
La CIDH indicó en su decisión que los jueces peruanos deben “ponderar cuál es la medida más acorde al respeto al principio de proporcionalidad y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, pero que también se proteja “la vida e integridad de Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos, en caso de que realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida”.
Los jueces de la corte con sede en San José, Costa Rica, indicaron que se han encontrado “serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho peruano para otorgar dicho indulto por razones humanitarias” que deben ser resueltos por la máxima corte constitucional peruana llamada localmente Tribunal Constitucional.
La CIDH fijó el 29 de octubre como fecha límite para que los abogados de los 25 peruanos asesinados, así como el Estado, presenten los resultados de los avances logrados en la jurisdicción peruana. Añadió que si es necesario la CIDH podrá pronunciarse posteriormente sobre lo que se decida en Perú.
A fines de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto por razones humanitarias a Fujimori, de 79 años, una decisión que fue rechazada de inmediato por los familiares de los 25 asesinados y por los activistas de derechos humanos. La principal crítica fue que Fujimori no tenía una enfermedad terminal que ponga en peligro su vida en prisión debido a que contaba con todos los servicios médicos disponibles para su auxilio.
Los médicos de Fujimori han afirmado que él padece problemas cardiacos, aunque se han proporcionado escasos detalles sobre su real estado de salud.
Fujimori fue condenado en 2009 por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos, entre ellos un niño de ocho años, entre 1991 y 1992 que fueron ejecutados extrajudicialmente por un grupo clandestino del ejército que usaba dinero público para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso bajo el conocimiento de Fujimori, según los jueces que lo sentenciaron. En la actualidad, tras salir de la cárcel, Fujimori se fue a vivir a una mansión en un barrio rico de Lima.
La CIDH ordenó en 2001 al Estado peruano castigar a los responsables de las matanzas de los 25 peruanos.
