A menos de 1 mes de la elección presidencial, se intensifican la compra y la coacción del voto; en las artimañas participan desde empresarios hasta comunicadores que piden no elegir “al populista”. A diferencia de 2006, esta vez el fraude desataría una revuelta social, consideran investigadores

Las estructuras de compra y coacción del voto intensifican sus labores. A días de la jornada electoral, brigadas recorren el país para “comprar”, con pagos en efectivo y en especie hasta por 5 mil pesos, los votos de la próxima elección presidencial.

La posibilidad del fraude, sin embargo, debe calcular que la reacción social no sería pacífica. Y es que el proceso de descomposición política que vive México se aceleraría y desembocaría en un estallido social, vaticina el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El teórico –autor de Retratos para la historia. Ensayos de contrahistoria intelectual, entre otros libros– observa que sí hay una fuerza dispuesta a robar la elección.

“Esas personas dicen: si la gente se enoja, se levanta y hay protestas sociales, para eso tenemos a la policía, al Ejército y las cárceles; entonces, aunque tengamos que reprimir, hay que imponer a todo precio a [José Antonio] Meade. Por eso no se ha bajado de la contienda ni ha declinado, porque hay un grupo fuerte de empresarios y de la propia clase política que dice: hay que imponer a Meade con el fraude, con la compra de votos, tal y como se hizo en el Estado de México.”

Pero manejar el descontento social no es fácil, aún con la represión. El doctor Fabián Bonilla, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera que el enojo social implica desde la dimensión organizativa previa hasta la dimensión espontánea. “Cuando la gente se enfurece es muy difícil que regrese a la calma o que deje de hacer una acción directa”.

 

Compra y coacción

Para corromper el voto también se amenaza a los más pobres con retirarles de los programas sociales, y se entregan masivamente tarjetas de débito y monederos electrónicos, cuyos saldos se activarán después del 1 de julio, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Nacional Electoral y organizaciones civiles.

En esta guerra sucia no sólo participan de la ilegalidad los partidos políticos y los gobiernos: empresas –como la encuestadora Massive Caller, contratada por la campaña del panista Ricardo Anaya– han sido responsabilizadas de la ola de llamadas telefónicas contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, quien se mantiene como puntero en las encuestas.

Además, están los empresarios Germán Larrea, Alberto Bailleres, Andrés Conesa, José Elizondo, Héctor Hernández Pons y Eloy Vallina, quienes piden a sus subordinados no elegir al “populista”, sin que la autoridad electoral les frene su intención de incidir en el proceso.

El “populista”, sin embargo, no baja en las mediciones de las preferencias y, por ello, se acentúa la campaña en su contra en algunos medios de comunicación. Comentaristas tratan de imponer la idea de que las encuestas no son representativas y “cualquier” candidato puede ganar la Presidencia.

Poco a poco, el enrarecido clima electoral se inunda con el fantasma del fraude, que en la jornada del próximo 1 de julio también podría incluir embarazo de urnas, casillas zapato y carrusel, votación de muertos, desaparición de actas, entre otras modalidades ligadas al robo de la elección popular.

“No podemos decir si va a haber fraude o no pero se ve muy difícil, sobre todo si nos basamos en lo que plantean las encuestas para ver qué tanto requiere el fraude en esta elección”, considera el politólogo y sociólogo Omar Elí Manríquez.

El académico refiere que en el seguimiento de Oraculus, que incluye mediciones de unas 15 casas encuestadoras, “se ve con claridad que la distancia entre el primer y segundo lugar oscila entre 20 y 12 puntos, con rangos de confianza del 90 por ciento; o sea, la distancia entre Anaya y López Obrador en el escenario más óptimo para el primero y más desastroso para el segundo aún le brinda confianza a Andrés Manuel”.

Para el candidato a doctor por la Universidad Autónoma Metropolitana, un escenario que cierre la brecha en las preferencias y que pudiera justificar el triunfo de algún candidato distinto al morenista sólo se explicaría si hubiera un desempeño nefasto en la campaña de López Obrador y aciertos muy buenos en la de Anaya o José Antonio Meade. “Lo que no ha pasado”.

“No se ve en esos términos de preferencias electorales que vaya a haber un cambio para el 1 de julio. Aquí la cuestión es si se intentara hacer algún tipo de manipulación en el sistema de conteo, en el Programa de Resultados Preliminares, y después en el cómputo distrital, pero eso sería algo verdaderamente burdo, evidente, porque para que Anaya o Meade se acerquen a Obrador necesitarían muy buenos resultados en estos días, y Andrés Manuel, un desempeño desastroso”, señala el politólogo.

Omar Elí Manríquez indica que la tendencia es a la inversa y parece muy clara: los nuevos votantes que se van revelando en las encuestas se están yendo con Movimiento de Regeneración Nacional. “Incluso las tendencias para integrar las cámaras de Diputados y Senadores ponen a Morena con la mayoría absoluta. Morena se ve bastante fuerte y un fraude sería demasiado grotesco. No veo que alcancen los números como para movilizar una cantidad importante de casillas”.

 

La crisis política

De acuerdo con la red de organizaciones Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sólo seis entidades federativas no han reportado intentos de compra de votos; en el resto, hay denuncias por compra en efectivo y en especie, hasta por 5 mil pesos.

El fraude, que implica mucho más que comprar votos, requeriría del favor de las élites económica y política del país y de Estados Unidos, pero como en ningún otro momento éstas no muestran cohesión. Para el doctor Aguirre Rojas, de darse, éste beneficiaría al priísta  Meade.

“En 2006 no me cabe la menor duda de que hubo un enorme fraude electoral en contra de López Obrador, pero ahí la clase política y empresarial estaba más unida. Tanto la mexicana como sus aliados de Estados Unidos coincidieron en hacer ese fraude electoral. En cambio hoy hay un grupo dentro del PRI [Partido Revolucionario Institucional] que efectivamente está tratando de repetir en escala nacional un gran fraude como el de hace 1 año en el Estado de México; hay otra fuerza dentro de los propios empresarios y en Estados Unidos que están divididos: hay una parte naturalmente asociada a Donald Trump –que son los republicanos más conservadores– que sí apoya esta opción del fraude; pero hay otros que no.

“Y hay un grupo de empresarios que dicen no: ya es demasiado escandaloso, realmente Meade no levanta, la cosa está muy en crisis y puede haber un estallido social y no queremos; y esos están tratando de apostar por apoyar a Anaya, que tampoco parece tener posibilidades reales de triunfo. Quizá los demócratas en Estados Unidos empujarían a Anaya, porque igual es muy aceptable: defiende los intereses norteamericanos y puede ser una opción”, indica el teórico.

 

El mecanismo

Planear y ejecutar el fraude en las elecciones presidenciales implica, por una parte, que los artífices logren comprar consciencias previo a la elección, y manipular a las instituciones durante y después de la jornada electoral; pero por otra, que los propios defraudados cometan errores muy graves antes y durante la elección.

El politólogo Omar Elí Manríquez considera que el fraude implicaría cosas muy raras: “que el partido Movimiento de Regeneración Nacional no cubra las casillas; que se pudiera movilizar el voto duro, pero éste sólo serviría si fuera una contienda de dos frentes, de dos candidatos, y en este momento no se ve que Anaya o Meade declinen para fortalecer una candidatura frente a Morena, sólo en ese escenario pudiera cerrarse la brecha y posiblemente anular la ventaja de Obrador”.

Agrega que el único escenario posible es que la candidatura de Anaya se siga desinflando y que la de Meade capte algo del voto que el panista va perdiendo.

Respecto del voto duro del PRI que tiene en municipios de alta marginación, refiere que se puede movilizar con el uso clientelar de programas sociales. “Sería posible la coacción electoral con los llamados mapaches, casillas zapatos (participa el ciento por ciento y todos los votos favorecen al mismo candidato), embarazo de urnas, que voten los muertos, rasurar el padrón. Pero no creo que el PRI tenga tanta capacidad para replicar lo que hizo en el Estado de México. Eso se ve muy difícil a escala nacional”.

La dificultad, observa, se da porque hay una distancia muy grande entre López Obrador y Meade: de unos 18 a 25 puntos, que no permitirán un cierre sorpresivo en las preferencias.

El sociólogo señala que otra vulnerabilidad es la de los órganos electorales a nivel local, por la centralización que trajo la reforma político electoral de 2014. “Hay vulnerabilidades porque el INE no ha tenido la capacidad de cubrir con funcionarios de casilla todo el escenario electoral”.

No obstante, apunta que el 1 de julio se espera que, a pesar de las inconsistencias que el INE pudiera presentar en términos logísticos, eso no impacte en la elección. “Se supone que hay cierta madurez y certidumbre en el sistema informático del PREP y en el conteo distrital”.

 

El costo del fraude

La distancia que marcan las encuestas entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez –el cuarto competidor– incide directamente en el costo del fraude, que es cada vez más alto.

“El escenario de fraude sería desastroso para el país porque indicaría que no hay certeza jurídica y eso no le conviene a los intereses económicos: que el país quede ranqueado entre las economías con débil marco de aplicación del derecho. Un fraude manda el mensaje negativo de que aquí no se puede invertir porque no hay certeza jurídica”, considera el investigador Omar Elí Manríquez.

Para el doctor Aguirre Rojas, en la propia clase política mexicana se sabe que el costo del fraude es altísimo, por el descrédito de México a nivel internacional.

De ganar la Presidencia, el morenista enfrentaría un escenario difícil: “hay un grupo de la propia clase en el poder y de la clase política mexicana que diría: dejen llegar a López Obrador. Le atamos las manos para impedirle que desarrolle cualquier cambio político, económico, social serio y además dejamos que corra el estallido social para que sea él quien reprima a los movimientos sociales y a la protesta, que haga el trabajo sucio, y en 6 años le devolvemos el poder al PAN o al PRI”.

Pero no sólo ellos lo intentarían cercar, sino también los propios. “Él mismo se ha rodeado de una cantidad de personajes tan impresentables que le van a impedir hacer cualquier cambio demasiado profundo”.

 

Estallido social, realidad próxima

Aún si llegara López Obrador a la Presidencia, el doctor Aguirre Rojas considera que la descomposición en México avanzará hacia el estallido social.

“Con toda franqueza creo que aunque las elecciones fuesen limpias y aunque no haya fraude, y en ese sentido si hemos de creerle a las encuestas –que tampoco estoy muy convencido–, pero suponiendo que la mayoría está con López Obrador, aunque eso suceda y respeten, no creo que eso tranquilice las cosas, que detenga el descontento social, ni creo que lograría impedir el estallido social.”

El sociólogo considera que el triunfo de Morena no modificaría de manera sustancial la crisis, porque son procesos antes, durante y posteriores a las elecciones.

“El 2 de julio, luego en agosto, en septiembre, la crisis económica va a continuar, al igual que la crisis política se va a seguir agudizando; la descomposición de la clase política va a seguir avanzando, la pérdida de valores y de horizontes de futuro para las jóvenes generaciones y para la población mexicana, en general, se va a mantener porque si uno ve los proyectos políticos que plantean y si ve los debates, ninguno de los candidatos tiene soluciones inteligentes reales para los problemas actuales, y no lo tienen porque sin hacer cambios sociales radicales y profundos es imposible resolver los problemas que el capitalismo mexicano, dependiente y subordinado a Estados Unidos, está provocando.”

Esos cambios no se darán, indica, porque ninguno de los candidatos plantea cambiar de modelo económico. “Ninguno de ellos quiere tocar al capitalismo, sino que quieren que el capitalismo sobreviva y sólo quieren parcharlo”.

Por ello, refiere, “aunque se respeten las elecciones y todo el proceso sea legal, no creo que va a haber un cambio fundamental, que se va a detener el estallido social, que va haber más tranquilidad y más paz social. Creo que se van a seguir agudizando todos estos procesos”.

Para el investigador de la UNAM, la única salida civil, pacífica e inteligente es el movimiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que está promoviendo María de Jesús Patricio, Marichuy, y el Congreso Nacional Indígena.

“Debemos tratar de enfrentar ese estallido social que se va a dar de todas maneras para darle un cause pacífico, organizado e inteligente. Entonces, ahorrarnos los muertos: en la guerra de Independencia hubo 500 mil muertos; en la Revolución Mexicana hubo 1 millón de muertos. Si sacamos las proporciones con el número de mexicanos que existen hoy, una nueva revolución costaría 7 millones u 8 millones de muertos. Entonces la Sexta está proponiendo ahorrémonos esos posibles muertos y hagamos un cambio social radical donde no simplemente un grupo A de la clase dominante sea sustituido por un grupo B. Eso pasó en 1810 y 1910. Sino que, por primera vez, construyamos un autogobierno popular, que mande obedeciendo. Creo que si no optamos por ese camino de la auto-organización, de la autonomía y de crear  a nivel nacional un gobierno que mande obedeciendo, realmente el futuro de nuestro país va a seguirse poniendo cada vez más crítico y más complicado y van a pasar cosas terribles.”

 

Sin cabida, los verdaderos independientes

 

El doctor en economía, sociólogo y teórico Carlos Antonio Aguirre Rojas critica que en el escenario actual no hay cabida para las candidaturas independientes reales.

“Hubo una precampaña muy importante de una mujer indígena llamada María de Jesús Patricio Martínez que, aunque no logró juntar las más de 800 mil firmas necesarias, demostró que el grado de descomposición de la clase política mexicana y la crisis interna que la propia clase política vive actualmente ha llegado de veras a un extremo literalmente insostenible”.

Al respecto, agrega que en este proceso electoral se vieron cosas extremas que rayan en el absurdo y en el ridículo: “que un candidato al que se le acusa de haber hecho más del 90 por ciento de firmas fraudulentas como es el Bronco [Jaime Rodríguez] se le deje estar en la boleta electoral; que a otra persona que recibió 5 millones de pesos no registrados, ilegales, que es Margarita Zavala se le permita también estar en la boleta, y en cambio a una persona que fue recorriendo todo el país y que de manera honesta y ética juntó 300 mil votos se le impide”.

Por ello, indica que el sistema electoral está hecho “para no permitir para nada participaciones políticas de los ciudadanos ni de ninguna fuerza que no esté ya establecida”.