Apenas comenzaban los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Alemania, cuando una noticia en redes congeló la celebración: el gobierno de Enrique Peña Nieto había privatizado el agua.
Se trataba de diez decretos, firmados el 5 de junio, con los que el mandatario federal suprimió vedas en 300 cuencas hidrológicas, cerca de la mitad de las que se encuentran en el país; lo que para algunos era un claro indicio de privatización, que dejaba el líquido en las manos de cerveceras, refresqueras, inmobiliarias y mineras –fracking–.
De acuerdo con las autoridades, se trató de una “reserva hídrica para uso ambiental” a través de la modificación de las “vedas existentes” para la explotación de estas cuencas hídricas; pero expertos apuntan que abre el camino para las concesiones de la explotación del agua en estos lugares.
La coalición Agua Para Todos consideró que se trata de una privatización de facto, porque al levantar la veda se abren las puertas para comercializar el 55 por ciento del agua existente, a través de organismos y operadores empresariales que pueden operar a nivel municipal y entregarlas a las industrias.
Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consultados por Sin Embargo, acusaron que “la veda protege a los acuíferos de la sobreexplotación… Nos quieren dorar la píldora como si fuera algo favorable a la ecología, cuando más bien lo que hace es dejar vulnerable al país a una profundización de la dinámica de privatización”.
El doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de dicha casa de estudios, externó que una de sus preocupaciones radica en que los decretos establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales no sólo para fines doméstico y ambiental, sino también para público urbano, lo que permitiría a los gobernadores asignar cualquier uso al agua, incluido el industrial.
Para ejemplificar, utilizó los casos de “la concesión a asociaciones público privadas como ya han venido haciendo los gobernadores que han estado en dinámicas de privatización como Baja California, Coahuila, Puebla, Veracruz, etcétera”.
No es privatización: Conagua
Un día después de que los medios abordaran el tema, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un comunicado asegurando que los decretos publicados el 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.
La dependencia detalló que, con los decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.
Para decretar la reserva, la Conagua convocó a diversos actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos.
Los especialistas prevén que la reserva de agua pueda ayudar a amortiguar el cambio climático, pues se conservarán lugares emblemáticos que no hay en ningún otro lugar del planeta, como la Selva Lacandona, en Chiapas, y que no se afecten derechos y concesiones de otros usuarios, ya que versa sobre el agua disponible.
Estas medidas de cuidado del agua son recomendaciones de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute. Esos organismos recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.
Con las medidas adoptadas, México supera en 12 por ciento las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, con lo cual estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo, finaliza el documento.
UNAM desmiente los rumores
Este martes, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron que la declaración de los 10 decretos de reserva tiene únicamente por objeto la protección del agua para la restauración y equilibrio ecológico en 295 cuencas del país, por lo que no hay pauta para la privatización del agua.
En conferencia de prensa, la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, María del Carmen Carmona Lara, advirtió que el objeto de estos decretos “es el manejo de una nueva visión para el caso de la restauración y preservación del equilibrio ecológico”.
No obstante, el problema de estos decretos es la inconsistencia de su gestión en el sentido de que, por un lado, se supone que estos decretos de levantamiento de vedas tenían que acordarse con los Consejos de Cuenca.
Aunque esto sí ocurrió, la pregunta es si las 295 cuencas cuentan con Consejos de Cuenca y es ahí donde empieza a no funcionar el esquema de gestión integrada, ya que no todas las cuencas tienen estos consejos.
Por ello existe la percepción de que hubo sólo el levantamiento de una veda parcial, además de que no se define la forma en que se miden dichos porcentajes, ni tampoco se habla de la calidad del agua que se estará manejando o de quién vigilará dicha calidad.
La investigadora agregó que a ello se suma el hecho de que en Conagua se habla de un Programa Nacional de Manejo de Aguas, “pero eso no puede ser, tiene que haber un programa de cuenca por cada cuenca”. Por lo tanto, lo adecuado es que haya 295 programas, uno por cada cuenca.
Finalmente criticó que en muchos casos se esté reservando el agua en cuencas que se encuentran sucias, considerando que 90 por ciento de los ríos están contaminados o muertos, por lo que la pregunta es cómo se va a manejar el agua que ya está sucia o no tiene futuro aparente.
A su vez, el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Joel Carrillo Rivera, advirtió que el rumor de la privatización del agua “es una simple cortina de humo para cubrir deficiencias”.
Dichas deficiencias consisten en que, aunque se han definido porcentajes para destinar al consumo y para la reserva ecológica, no existe un mecanismo que permita medir dichos porcentajes.
Por otra parte, explicó que estos decretos suprimen vedas existentes, pero a su vez marcan vedas adicionales, aunque todo se enmarca con respecto al caudal ecológico, pero sólo de manera superficial.
Esto deja de lado el saber qué pasa con toda la cuenca, ya que se habla de aguas superficiales, pero no contempla a toda la cuenca y que incluya aguas subterráneas que nutren los afluentes cuando no hay lluvias.
Como resultado, advirtió que se estarían aplicando una medida de “cerrarle la llave a un río” sin tener conocimiento de realmente lo que está pasando, ya que no conocemos a fondo su naturaleza y si su afluente se mantiene, pero de manera subterránea.
