El pasado lunes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) validó la entrega de tarjetas con las que Ricardo Anaya promete un Ingreso Básico Universal (IBU) de mil 500 pesos, en caso de ganar la Presidencia.

La Comisión desechó la denuncia impuesta por PRI y Morena, que argumentaban una presunta intención de compra y coacción del voto por parte de la coalición “Por México al Frente” –PAN-PRD-MC– al repartir las tarjetas del IBU, que simulan ser un monedero electrónico y algunas incluso fueron entregadas en domicilios particulares, en sobres personalizados con los datos de los inquilinos.

La resolución de los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala y Benito Nacif, apunta que “bajo la apariencia del buen derecho, las tarjetas y folletos que las acompañan forman parte de una estrategia de comunicación del candidato denunciado (Ricardo Anaya) para dar a conocer sus propuestas de campaña”.

Asimismo, dichas tarjetas no implican la entrega de un bien o servicio “que permita presumir que se ejerce presión al elector para obtener su voto”, pues están condicionadas al triunfo del panista.

Tarjetas violan la ley: San Martín

Por su parte, la consejera Pamela San Martín, presente en la sesión sin derecho a voto – por no pertenecer a la Comisión de Quejas y Denuncias–, consideró que las tarjetas del IBU atentan contra la ley, ya que está prohibida la entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto, mediato o inmediato, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio.

Acusó que no se trataría de una propaganda de campaña lícita, “sino ante un sistema que oferta beneficios que están prohibidos en la ley. Donde hay coacción o hay presión, no hay libertad”, pues la entrega de tarjetas que prometen dinero a cambio del voto, contraviene la formación de una opinión libre y coacciona al electorado.

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