El guardia civil de ‘la manada’ Antonio Manuel Guerrero intentó renovar su pasaporte en una comisaría de Sevilla el pasado lunes, tres días después de salir de la cárcel, han confirmado fuentes policiales, como el resto de condenados por la agresión sexual, tiene prohibición de salir del territorio nacional, entre otras medidas cautelares impuestas por la Audiencia de Pamplona.
?Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte… teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado.#AsíNO pic.twitter.com/0LufjLXzt1
— Policía Nacional (@policia) 28 de junio de 2018
La retirada del pasaporte es una de las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Provincial de Navarra para la puesta en libertad de Guerrero y del resto del grupo —José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Jesús Escudero y Ángel Boza— mientras se tramitan los recursos presentados por sus defensas. Una hora después de fracasar en el intento de hacerse con un pasaporte, el condenado se personó en el juzgado de guardia de Sevilla para cumplir otro de los requisitos.
Los cinco condenados salieron en libertad provisional el 22 de junio tras depositar la fianza de 6.000 euros que se les impuso. Estaban en prisión —tres en la cárcel de Pamplona y el militar y el agente en la prisión castrense de Alcalá de Henares, en Madrid— desde el 7 de julio de 2016 y los jueces podían haber prorrogado esta situación otros dos años y medio.
Pero la Sala, con el voto a favor de dos de los tres magistrados que la forman, optaron por excarcelar a los jóvenes bajo fianza. En su auto, los jueces consideran que el hecho de que los condenados hayan perdido el anonimato hace “menos que impensable” el riesgo de que reincidan en su delito y complica la posibilidad de que se fuguen. Este riesgo se aminora además, por el hecho de que carecen “de medios económicos para procurarse una fuga eficaz”. El tribunal, además, alegó que los miembros de La Manada viven a más de 500 kilómetros de la víctima, que no tienen antecedentes por delitos sexuales y que la alarma social que ha generado el caso ya no es un criterio legal para justificar la prisión preventiva. La decisión de dejarlos libres desencadenó protestas en las calles de muchas ciudades del país.
Los condenados tienen que comparecer todos los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, tienen prohibido acercarse a la víctima ni entrar en la Comunidad de Madrid (donde reside la joven), se les ha retirado el pasaporte y no pueden salir del territorio nacional sin autorización judicial. La medida de libertad provisional es revocable.
Hoy era el último día para presentar los recursos a la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de decretar la libertad bajo fianza y tanto la fiscal Elena Sarasate, como la representación de la víctima y las acusaciones populares de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona han registrado ya esos recursos de súplica sin conocer el intento de Guerrero de renovar su pasaporte. Los recursos estaban previstos desde el momento en que se anunció la medida de la libertad provisional.
La negativa policial a tramitar ese pasaporte aún no ha sido comunicada de manera oficial al tribunal que debe estudiar los recursos, pero que sí podría ser tenida en cuenta a la hora de resolverlos. Tanto la Fiscalía como la propia Sección Segunda pueden añadir este hecho a la causa y revocar la medida comunicada el viernes, ya que técnicamente la prisión provisional se prorrogó ante la próxima caducidad del plazo máximo de dos años, pese a fijarse la fianza para eludirla, con lo que sigue en vigor.
