El pasado miércoles, el virtual ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer las propuestas que presentará al Congreso, con respecto a sus promesas de campaña.
Tras reuniones privadas que mantuvo con los próximos senadores y diputados, que compitieron abanderados por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el tabasqueño presentó sus prioridades legislativas, que podrían traducirse como sus reformas, desde un salón de fiestas en la colonia Roma.
Entre ellas destacan la reducción de salarios para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, terminar con fueros y privilegios de los servidores públicos –haciendo énfasis en el proyecto de Reforma 108 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado– y la creación de una Secretaría de Seguridad Pública.
También señaló la reorganización del gobierno, desapareciendo las delegaciones federales –sin afectar a los trabajadores sindicalizados– para crear 32 coordinaciones, el traslado paulatino de las Secretarías de Estado a ciudades en todo el país y la eliminación de las áreas de Comunicación Social, para concentrarlas en una sola entidad. “Van a reducirse los cargos que se duplican”, aseguró.
Otra de sus propuestas de reforma es considerar como delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral, en todas las modalidades.
La llamada Reforma Educativa también será modificada o revocada, se establecerá un mecanismo para la consulta para la revocación del mandato, y que todos los procedimientos de consulta ciudadana tengan carácter vinculatorio.
Además, se revisará si se necesaria alguna reforma para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país y llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos, a fin de ajustar la estructura administrativa del gobierno al “Plan de Austeridad Republicano”.
Finalmente, el traslado del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa, revertir el decreto de privatización del agua –firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto– e incluir el nivel superior en el derecho a la educación pública y gratuita.
Cabe resaltar que López Obrador explicó que la Ley de Amnistía no está entre sus primeras reformas porque faltan los foros que realizará en todo el territorio y donde participarán víctimas, organizaciones sociales y ciudadanos.
