Las Fuerzas Armadas de Argentina quedaron a salvaguarda de la política de austeridad del gobierno de Mauricio Macri.

El presidente anunció un incremento salarial superior al 20% para el personal militar durante un encuentro que mantuvo con los altos mandos de las Fuerzas Armadas en la residencia de Olivos, informó la presidencia en un comunicado.

La mejora salarial es superior a la otorgada al resto de la administración federal (15%) en medio de los fuertes recortes que lleva adelante el gobierno para reducir el gasto público y cumplir con las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo por 50.000 millones de dólares.

El anuncio de Macri eleva la suba original de 8% que había otorgado el Ministerio de Defensa a partir de junio y que tanto malestar había generado entre los cuadros militares, lo cual obligó a suspender el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia el 9 de julio.

No hubo explicaciones oficiales sobre las razones de la marcha atrás en la medida.

Las Fuerzas Armadas vienen siendo objeto de fuertes recortes presupuestarios desde el retorno de la democracia en 1983. El fantasma de las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983) fue la excusa para que los sucesivos gobiernos democráticos de distinto signo político redujeran año tras año los recursos para la modernización de equipamiento y compra de armamento. En la actualidad, se destina a Defensa el 0.9% del PIB, la mayoría para el pago de salarios del personal militar, según datos oficiales.

Cuando días atrás se anunció un aumento del 8%, militares retirados con alto grado advirtieron en un comunicado que “la falta de cumplimiento de promesas de campaña y de gestión para el área por parte de las autoridades nacionales afecta su credibilidad y aceptación de la acción de gobierno”.

La mejora de las condiciones salariales de los militares por encima del resto de la administración pública va en sintonía con la decisión política del gobierno de avanzar con un proyecto de ley para modificar la norma que prohíbe a las Fuerzas Armadas participar de acciones de seguridad interior. Macri ha expresado públicamente que espera sumar al Ejército a la lucha contra el narcotráfico, pero esto ha generado fuertes resistencias entre organismos de derechos humanos y la oposición.

“Este trato preferencial no tiene más explicación que la necesidad de enviarles un mensaje de apoyo: el gobierno de Cambiemos se propone que tengan injerencia en la “seguridad interna” para sofocar la protesta social mientras aplica el ajuste acordado con el FMI. Son ellos o nosotros”, opinó la legisladora Myriam Bregman del Frente de Izquierda y abogada querellante en causas por violaciones a los derechos humanos.