La difusión de una catarata de audios de interceptaciones telefónicas que empezó con una investigación a narcotraficantes y escaló hasta un juez supremo generó un escándalo por corrupción que obligó al presidente Martín Vizcarra a pedir la renuncia de un ministro y nombrar un grupo para reformar el sistema judicial de Perú.
A través de su cuenta de Twitter, Vizcarra anunció el viernes que pidió la salida de su ministro de Justicia, Salvador Heresi, “por la salud de la reforma” judicial luego que se difundiera un audio en el que un juez supremo que está en el ojo de la tormenta buscaba reunirse con el ministro. Poco antes, el mandatario había presentado en el palacio presidencial a siete reconocidos abogados de una comisión especial que le propondrá en dos semanas “medidas urgentes y concretas” para recomponer el poder judicial al que calificó de “descompuesto, deteriorado y pervertido”.
Los más de 40 audios que empezaron a ser difundidos desde el sábado por el portal de periodismo de investigación peruano IDL-Reporteros y luego por el programa televisivo Panorama provocó la prohibición de salir del país al juez supremo César Hinostroza, la renuncia del presidente de la corte superior de justicia del mayor puerto de Perú y la suspensión de otros cuatro jueces.
Los audios publicados al momento no están ligados al narcotráfico, pero sí a intercambios de favores o de dinero que los expertos coinciden que en varios casos configurarían delitos de corrupción.
Otros implicados son tres poderosos miembros de un consejo autónomo que elige o destituye jueces y fiscales, quienes también pedían favores y coordinaban con los jueces implicados.
Uno de los audios que más indignación han causado es aquel donde se escucha al juez supremo Hinostroza cuando conversa con una persona aún no identificada sobre un juicio por la violación de una niña donde el juez dice: “once añitos, está desflorada… voy a pedir el expediente para verlo ¿qué es lo que quieren: que le bajen la pena o lo declaren inocente?”.
En otro audio, un empresario le dice a Hinostroza que “la señora K” de la “Fuerza número uno” quiere reunirse con él.
Una parlamentaria del partido opositor “Fuerza Popular” identificó a “la señora K” como su lideresa Keiko Fujimori, pero añadió que la cita no se produjo. Hinostroza debía resolver en las próximas semanas si se continuaba o no con una investigación fiscal por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y su esposo.
En el audio que provocó la renuncia del ministro de Justicia, se escucha como el juez Hinostroza recuerda que ambos han intentado reunirse dos veces sin lograrlo. El entonces secretario de Justicia le indica de forma amistosa que busca su consejo para una próxima ley.
El ministro renunciante dijo a la radio local RPP que no se produjo la reunión con Hinostroza y que en lo personal no había cometido “ningún tipo de irregularidad”.
Los audios o videos mostrados al escrutinio público han definido la política peruana reciente.
En 2000, un video que mostraba cómo los parlamentarios recibían dinero a cambio de sus votos inició la caída del gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000). En marzo, un evento parecido provocó el fin de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski.
El escándalo está demostrando que también existen jueces y fiscales “probos”, dijo el viernes a periodistas el defensor estatal anticorrupción, Amado Enco.
Las interceptaciones empezaron en 2017 cuando Rocío Sánchez, una fiscal en el mayor puerto de Perú, comenzó a investigar a un grupo criminal dedicado al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.
Con el paso de los meses la fiscal descubrió que existía una red de funcionarios que usaba sus influencias en la justicia. Sánchez no ha declarado a la prensa porque el caso sigue en investigación.
El juez Cerapio Roque, que autorizó las escuchas a la fiscal, dijo el jueves a la radio local RPP que se sentía “contento” por los resultados, añadió que era consciente que se había “metido con un grupo muy poderoso”. Roque y Sánchez son protegidos desde el miércoles por agentes armados.
