El traslado de dependencias federales a otros puntos del país, tal y como lo propone el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, supondría la migración de al menos un millón de habitantes de la Ciudad de México.
Un estudio publicado por el diario 24 Horas señaló que el traslado de 27 instancias de la administración pública federal a otras ciudades involucra también el cambio de residencia de sus funcionarios.
Según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en su último reporte, en la Ciudad de México están registrados 740 mil 560 servidores públicos.
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De dicha cifra se descontarían cerca de 224 mil empleados de las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Policía Federal y Gobernación, entre otras, que se quedarían en la capital del país.
En tanto, el resto; es decir, unos 515 mil funcionarios tendrían que mudarse. Si se toma en cuenta que por cada trabajador de la Ciudad de México están afiliados dos familiares, según el propio ISSSTE, en los próximos años, la cifra de personas que se trasladarían a otros puntos de la república sería cercana al millón.
Esto, en caso de que se complete el plan de descentralización del virtual presidente electo, el cual implicaría una inversión de 147.8 mil millones de pesos durante los próximos seis años.
No obstante, la mudanza implicaría inconvenientes logísticos y estructurales, tales como la falta de conectividad para las dependencias y hogares de funcionarios.
El rotativo puso como ejemplo los estados de Michoacán o Guerrero, donde podría instalarse la sede del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales no tienen infraestructura para enfrentar contingencias sanitarias, como el brote de influenza AH1N1 en 2009.
O el sistema SCADA, empleado por Petróleos Mexicanos (Pemex) para detectar fugas, ataques y robo de combustible por medio del monitoreo de ductos en tiempo real.
