Tomará seis años, es decir, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la descentralización de 27 dependencias federales para ubicarlas en otras entidades de la república todo con un costo estimado de 127 mil 830 millones de pesos.
El periódico Reforma puntualizó que el costo anual se estima en 21 mil millones de pesos, con un financiamiento preponderantemente público, aunque se necesitará inversión privada para cuestiones de obras e infraestructuras.
La mudanza busca terminar con el centralismo en la administración federal, eficientar trámites y reactivar la economía en provincia y, sobre todo, en las comunidades; se realizará de forma ordenada y, aseguran, no se afectarán los derechos de los trabajadores.
Dicha descentralización de dependencias federales serán posibles, según el Proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación y la interconexión posibilitan los trámites a distancia.
“El gobierno federal está compuesto por 18 secretarías y 299 entidades del gobierno, por lo que suman casi 3 millones de personas, de los cuales cerca del 80 por ciento trabaja en la CDMX”, expone.
El gasto total durante el primer año será público y ascenderá a 22 mil 805 millones de pesos, los cuales se emplearán en estudios de factibilidad, planes y proyectos ejecutivos.
Así, las primeras dependencias federales en mudar serían la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la de Energía a las ciudades de Puebla y Villahermosa, Tabasco, respectivamente.
En ellas, sus posibles próximos titulares, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle, ya desempeñarán sus cargos el 1 de diciembre.
Los recursos para echar a andar el programa se generarán en coparticipación con el sector privado a través de Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces (Fibras).
Los estudios sobre las capacidades físicas de las ciudades para calificar su viabilidad y detectar las necesidades de inversión para eficientar su infraestructura costarán por su parte 250 millones de pesos.
Además, se pagarán otros 56 millones en estudios sociológicos y antropológicos para identificar los problemas de la burocracia federal y sus requerimientos ante la mudanza.
En tanto, se erogarán 80 millones de pesos en estudios de mercado inmobiliario y otros 25 millones para gestionar autorizaciones a nivel local y federal.
El plan también contempla 65 millones de pesos para crear entidades coordinadoras, promotoras y ejecutoras del programa y otros 95 millones para una campaña de difusión.
Por último, se pagarán mil 400 millones de pesos por los planes maestros y proyectos ejecutivos de la primera fase.
