Un juez federal otorgó un amparo a una de las sobrevivientes de la masacre en Tlatlaya y ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que profundice en la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad
, que guió a los soldados participantes en ese operativo donde habrían sido ejecutadas arbitrariamente al menos entre 12 y 15 personas.
En julio 2015 se dio a conocer que el Ejército mexicano tuvo la orden de abatir civiles, como parte de la “Operación Dragón”, previo a la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, durante un operativo militar el 30 de junio de 2014.
Entre septiembre y octubre de 2014 fueron detenidos 30 efectivos castrenses presuntamente involucrados en los hechos, pero sólo siete fueron procesados por lo ocurrido. Para 2016, todos ellos habían sido puestos en libertad por insuficiencia probatoria, pero no por ser declarados inocentes.
La señora Clara Gómez González, madre de Érika, joven de apenas 14 años de edad que murió en el operativo de Tlatlaya, interpuso una demanda de amparo en contra de la PGR y de la agencia del Ministerio Público encargada del caso, por considerar que su investigación deficiente de lo ocurrido violaba su derecho a conocer la verdad.
Además de ordenar a la PGR que retome el caso para cumplir con todas las diligencias no realizadas y esclarezca el origen de la citada orden, el juez recuerda que no perseguir los delitos ni a sus autores coloca a la colectividad en permanente peligro, auspiciando la perpetración de ilícitos bajo el signo de la impunidad
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Por todo lo anterior, la sentencia del juez obliga a la PGR a rencausar el expediente en un plazo máximo de 30 días hábiles –que se cumplen esta semana– y abre la posibilidad de recabar más pruebas contra siete militares que en su momento fueron detenidos y luego puestos en libertad por falta de pruebas, no por ser hallados inocentes. El cumplimiento del fallo se encuentra suspendido por los recursos de revisión que interpuso la procuraduría
