Desde 2007 y hasta junio pasado México había detenido a más de 1 millón 400 mil migrantes procedentes de América Central, en específico, de los países del llamado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. Les corta el paso rumbo a Estados Unidos. Que no lleguen siquiera a la Frontera Norte a molestar al amo. Sólo entre 2013 y hasta la mitad de este 2018 la cifra, obtenida de la Secretaría de Gobernación, ascendía a 750 mil.
Esta política de Estado, traducida en persecución, encarcelamiento y deportación de cientos de miles, muestra claramente el sometimiento de México a las directrices estadunidenses. El problema es de ellos, pero los mexicanos hacen el trabajo sucio. El gobierno mexicano lo llama Plan Frontera Sur.
¿Cómo detener el paso de los millones que huyen de la miseria, el crimen, la violencia, la persecución política? Lo que las autoridades mexicanas han implantado –con el “consejo”, la asesoría y el beneplácito de los gringos–, es criminalizarlos, acorralarlos y encarecer su trayecto. Que caigan en manos del crimen organizado es responsabilidad también de las autoridades mexicanas, pues obligan a los migrantes a escoger las rutas más peligrosas para no ser detectados por el Instituto Nacional de Migración.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense da cuenta de los “apoyos” que los mexicanos reciben para implantar una política migratoria desarrollada por Estados Unidos.
El reporte Mexico’s Immigration Control Efforts (que podría traducirse como Esfuerzos de México en el control de la inmigración) señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha establecido 12 bases navales en los ríos de la Frontera Sur del país. El estudio no los menciona por sus nombres pero deben tratarse del Suchiate, el Usumacinta y el Río Hondo. Además, México ha establecido tres “cordones de seguridad” que se extienden “por más de 100 millas al norte de las Fronteras México-Guatemala y México-Belice, y un programa de vigilancia de drones”.
Es decir, 160 kilómetros país adentro México ha instalado otras “fronteras” para detectar a los migrantes. Y a este operativo se suma la utilización de drones para interceptarlos.
En el informe se advierte que México no tiene una policía fronteriza y que el Instituto Nacional de Migración es la única agencia con autoridad legal para detener a inmigrantes, aunque ahora tiene “asistencia de la Policía Federal”. Celebra que el Instituto haya mejorado la infraestructura en los pasos fronterizos y haya creado “numerosos puestos de control móviles”.
Esto podría explicar por qué, durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el Instituto, contrario a lo que de él disponen las leyes, se transformó cínicamente en una corporación policiaca (igualmente corrupta y violatoria de derechos humanos). No fue casualidad que los dos titulares que tuvo durante el sexenio peñista –Ardelio Vargas Fosado y Gerardo García Benavente– provengan del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Volviendo al documento, el reporte reconoce, sin embargo, que “muchos grupos de derechos humanos han expresado su preocupación de que el Plan Frontera del Sur haga poco para abordar la corrupción entre la policía y los funcionarios de migración”: la mayoría de los crímenes cometidos contra los migrantes quedan en la impunidad “y los controles internos del Instituto y de las fuerzas de seguridad siguen siendo débiles”.
Además señala que la mayoría de niños migrantes detenidos no son conducidos a refugios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de grupos de la sociedad civil, como lo señala la ley. “Dadas las limitaciones de capacidad”, muchos niños terminan en los centros de detención de inmigrantes. Debido a la vulnerabilidad de los menores y las mujeres, reconoce “preocupaciones humanitarias”.
En el informe preparado para los legisladores estadunidenses se destaca que el Departamento de Estado de ese país ha asignado más de 100 millones de dólares (unos 1 mil 850 millones de pesos) de la Iniciativa Mérida a “apoyar los esfuerzos de la Frontera Sur de México”.
Informa que desde el mes pasado México está recibiendo nuevos “apoyos” por 32 millones de dólares (alrededor de 591 millones de pesos) para el mismo Plan Frontera Sur: “principalmente en forma de equipos de inspección no intrusiva, kioscos móviles, equipos caninos, vehículos y capacitación en la aplicación de la ley de inmigración”.
El objetivo de Estados Unidos es que antes de que Peña Nieto deje el poder se haya construido “una red segura de comunicaciones para las agencias mexicanas en la región fronteriza del sur”. ¿Gratis? Claro que no. Para 2019 los gringos quieren que México recopile “información biométrica” de los migrantes en todas las estaciones migratorias para “interactuar con las bases de datos de Estados Unidos”.
En México la migración no es un delito, me explicó en una entrevista la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación. La jurista dijo entonces que ingresar al país sin documentos es, acaso, una falta administrativa: “como conducir sin licencia”.
El Artículo 11 de la Constitución parece no dejar lugar a dudas: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes […]”.
A Sánchez Cordero el encarcelamiento de migrantes le resultaba escandaloso, pues se trata de detenciones llanamente ilegales. “La Constitución es absoluta y totalmente tajante en este sentido. Si nosotros pretendemos volver a la Constitución y que la Constitución se aplique, tenemos que acatarla de forma irrestricta”, concluyó inequívoca, palmaria.
Ahora que será secretaria de Gobernación tendrá la oportunidad de echar abajo esa política impuesta por Estados Unidos. Tiene la oportunidad de honrar sus palabras.
