El equipo jurídico del gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, impulsará contrarreformas para revertir las medidas y modificaciones legislativas con las que se le dio “blindaje” al gobernador saliente, Graco Ramírez.
Cipriano Sotelo Salgado, asesor jurídico del equipo de transición de la administración estatal entrante, afirmó que las reformas aprobadas pueden ser derogadas por los diputados locales del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que asumirán su cargo el sábado 1 de septiembre.
“Nos da tristeza ver cómo los legisladores han perdido toda vergüenza, toda cordura. Yo no sé qué es lo que estén pensando el día de mañana cuando salgan a la calle; la gente se manifiesta en redes, se manifiesta en tele, se manifiesta en radio. No veo a nadie que salga a defenderlos, pero no puedes defender lo indefendible”, dijo al medio militante Proceso.
Una de dichas medidas por parte de la actual legislatura fue la designación del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, señalado por su cercanía política con el gobernador.
Carmona Gándara fue nombrado por el Congreso como fiscal por nueve años y se le otorgó la facultad de designar a su vez al fiscal anticorrupción, para lo cual ratificó a Juan Salazar Núñez, quien trabajó como abogado personal y consejero jurídico de Graco Ramírez.
“Hemos visto reformas de escándalo, como el hecho de que al Fiscal General del Estado le hayan dado una durabilidad de nueve años en el cargo. Yo no concibo que un fiscal que no fue designado por un congreso y por un gobernador pueda fungir en el mismo periodo”, agregó Sotelo Salgado.
Por otro lado, el asesor jurídico de Cuauhtémoc Blanco reveló que la gasolinera que históricamente administraba el Sistema DIF–Morelos, ubicada en las cercanías del mercado Adolfo López Mateos, cerca del centro de Cuernavaca, le fue reasignada a la Fiscalía.
“Yo no logro entender dónde está la dinámica de que la Fiscalía de Morelos maneje una gasolinera. A ver, si la gasolinera se la dan a la Fiscalía y tiene un fiscal por nueve años ¿qué te dice eso? Pues que no quieren que se investigue por nueve años todo lo que pasó en esa gasolinera. Eso es evidente”, comentó.
Asimismo, para “complicarle el camino al próximo gobernador”, acusó, los legisladores modificaron el proceso de aprobación de reformas constitucionales.
“Si se reforma la Constitución de Morelos, tiene que dar la anuencia la mitad más uno de los ayuntamientos. A partir de la reforma que propuso este Congreso, se tendrían que dar necesariamente dos terceras partes de los ayuntamientos. Es decir, se la quieren complicar al nuevo Congreso. Eso es evidente”, señaló.
Por último, Sotelo Salgado señaló que la intención de Cuauhtémoc Blanco es llevar a cabo una investigación “a profundidad” de todos los temas. Y si alguien tiene alguna responsabilidad, deberá ser indagado.
“No va a faltar un área donde no se haga una auditoria”, adelantó.
