El presidente Daniel Ortega ordenó la salida de Nicaragua del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su equipo de trabajo, poco después de que presentaran un informe que confirmó el abuso de la fuerza y las torturas de manifestantes.
En una carta enviada por el canciller nicaragüense Denis Moncada a la representante regional para América Central del Alto Comisionado, Marlene Alejos, le solicitó que la misión dé por concluida su labor en el país.
Moncada indicó en el escrito que la invitación que se había girado a la oficina del Alto Comisionado era para que acompañara el proceso de desalojo de los bloqueos viales que los manifestantes que piden la salida de Ortega del poder habían levantado en diferentes carreteras. Pero como los mismos han sido removidos, la presencia de la misión ya no es necesaria.
“Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este ministerio da por concluida la invitación y finalizada la visita”, dice el escrito del canciller nicaragüense.
El representante del Alto Comisionado, Guillermo Fernández Maldonado, informó a The Associated Press que “estamos suspendiendo cualquier actividad programada”.
En una conferencia de prensa posterior, Fernández Maldonado sostuvo que “con invitación (del gobierno) o sin, ya hacíamos un monitoreo de lo que pasaba antes de llegar (a Nicaragua) y cuando lleguemos a Panamá lo seguiremos haciendo”.
Agregó que el informe buscó “dar a conocer lo que habíamos visto” y que el objetivo fue “mantener informados a los nicaragüenses y a la comunidad de lo que pasaba en el país” y no confrontar con el gobierno.
“No queremos polarizar más. Contribuir con el diálogo y que haya una salida a la crisis, eso es lo que queremos”, añadió Fernández Maldonado quien el miércoles había anticipado que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo 5 de septiembre y que podría analizar el caso de Nicaragua.
El equipo dejará Nicaragua el sábado.
El informe publicado el miércoles instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Las detenciones se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan dónde están retenidos.
Más de 300 personas han muerto desde mediados de abril. El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron contra el gobierno fueron cesados en sus trabajos para disuadir a la población de participar en las protestas.
A mediados de abril jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El mandatario retiró los cambios pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.
Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas para despejar barricadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.
El gobierno de Nicaragua rechazó el contenido del informe al que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al Ejecutivo.
“Esta es una sobre reacción del gobierno que puede agudizar más la crisis”, dijo el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. “No sé por qué Daniel (Ortega) pensó que podía reemplazar a la OEA con la ONU a pesar de que su secretario general, Antonio Guterres, ya se había pronunciado semanas atrás duro en contra de la represión”, añadió Aguirre, que fue embajador de Nicaragua en Washington entre 1996 y 2001.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha conformado un grupo para visitar Nicaragua y dar seguimiento a la crisis. Ortega ha dicho que no dejará que ingrese al país.
La presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, se declaró indignada con la salida del representante del Alto Comisionado.
“Con esta decisión (Ortega) está haciendo puntos para bajar y devaluar la calidad de respeto a los derechos humanos y su falta de respeto a los tratados internacionales en esta materia”, dijo Núñez, quien recordó que lo que alimenta las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU son casualmente los informes de organismos como el Alto Comisionado.
En tanto, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, indicó en su cuenta de Twitter que la expulsión de la misión “desprestigia al país en la comunidad internacional y no le hace bien a la sociedad nicaragüense”.
Ortega culpa a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocarlo y ha dicho que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.
Las protestas siguen pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.
