Una de las más atroces repercusiones de la “guerra” contra el narcotráfico es la normalización de la violencia: esa insensibilidad que ya caracteriza a la sociedad mexicana frente a hechos que no sólo merecen nuestro repudio, sino sobre todo acciones contundentes para evitar su repetición y propiciar que los perpetradores sean castigados de forma ejemplar.
A veces, este contexto de apatía se rompe (como ocurrió con el espontáneo movimiento estudiantil en contra del porrismo y la violencia al interior de las escuelas y en sus alrededores, que estalló el 5 de septiembre pasado y aún genera expectativas), pero se impone la mayor parte del tiempo.
Por esta normalización se explica que la sociedad permanezca indiferente frente a fenómenos desgarradores, como las fosas clandestinas: según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2007 a la fecha se han localizado 1 mil 307 a lo largo del país, con 3 mil 926 cuerpos (Agencia Apro, 7 de septiembre de 2018). ¿Cuántos desaparecidos más habrá en cementerios ilegales?
Para entender esta realidad, la deshumanización social es un elemento clave. ¿Es aceptable que se asesine masivamente a las personas y se desaparezcan sus cuerpos en fosas clandestinas? Parece que en México sí; de lo contrario, cabe preguntarnos ¿por qué la indignación –si es que la hay– no hace reaccionar al cuerpo social? ¿O acaso ya nada nos conmueve?
Los niveles de barbarie a los que hemos llegado son altísimos y de ello sobran ejemplos, como los cada vez más frecuentes linchamientos o intentos de ajusticiamientos a manos de grupos enardecidos por la ira.
Pero no sólo eso; también, la facilidad con la que aceptamos que, a diario, un promedio de 92 personas sean asesinadas en nuestro México, a pesar de que cada víctima en esa estadística significa un impacto directo en una familia e indirecto en el resto de la sociedad. Por eso el tejido social se ha hecho añicos.
“Guerra” contra el narco
En este contexto, sin duda, uno de los más graves problemas que Enrique Peña Nieto heredará a Andrés Manuel López Obrador es el del crimen organizado, en su modalidad de narcotráfico con su extrema violencia.
Tan sólo entre enero y julio de 2018 se contabilizaron 19 mil 478 víctimas de homicidio, lo que representa 3 mil 156 más que en el mismo periodo de 2017, indica México Evalúa.
La organización da cuenta de casos escandalosos, como el de Nayarit, donde la tasa de homicidios se incrementó 227.3 por ciento en los primeros 7 meses del año, respecto al mismo periodo de 2017. O el de Guanajuato, que registró “el incremento más drástico en el número total de víctimas de homicidio”: pasó de 831 a 1 mil 847. Además, aumentó el número de feminicidios en 9.3 por ciento, al sumar 484 crímenes de odio en contra de mujeres en ese periodo.
Estos números deberían alertar a López Obrador para repensar su estrategia: es obvio que la militarización no resolvió la violencia, la profundizó. Es más, sacar al Ejército a las calles para hacer labores de policía ni siquiera mermó, en ningún sentido, al narcotráfico.
Eso lo demuestra el destrozado país que deja Peña, con regiones enteramente gobernadas por las organizaciones criminales, que además dominan la exportación de drogas ilegales –heroína, cocaína, metanfetaminas y fentanilo– a los dos principales mercados del mundo: Estados Unidos y Europa.
El trasiego, la producción, el narcomenudeo y la exportación de los estupefacientes no se ha detenido por la supuesta “guerra”, a pesar de que, “de diciembre de 2012 a junio de 2018 se ejecutaron 109 mil 378 operaciones contra el narcotráfico, con la participación promedio mensual de 4 mil 589 elementos [militares]”, indica el Sexto informe de gobierno de Peña.
La realidad es lacerante: Tamaulipas sigue siendo tierra de nadie, como también lo son el llamado “triangulo dorado” del narcotráfico –donde se unen Chihuahua, Sinaloa y Durango– y la sierra de Guerrero, por poner tres ejemplos.
Aun así, la administración de Peña celebra que sus más de 100 mil operativos antinarco lograron “erradicar 904 plantíos de mariguana y 1 mil 371 de amapola, en un área de 183 y 298 hectáreas, respectivamente”.
Según el Informe, con esto se evitó que llegaran a la sociedad mexicana 109.5 millones de dosis de mariguana, con un valor estimado en el mercado de 242.8 millones de pesos, y 6 millones de dosis de amapola, cuyo valor se estima en 145.3 millones de pesos.
Además, refiere, en el sexenio “se aseguraron 181.1 toneladas de mariguana y 15.8 toneladas de cocaína, lo que impidió una producción de 89.1 millones de dosis de mariguana, con un valor estimado en el mercado de 214.5 millones de pesos, y 47.9 millones de dosis de cocaína, con un valor estimado en el mercado de 3 mil 21 millones de pesos”.
Lo que no dice es que esos golpes a las finanzas criminales son insignificantes: varias agencias y dependencias del gobierno de Estados Unidos –entre ellas la DEA– calculan que los cárteles mexicanos lavan entre 9 mil millones y 39 mil millones de dólares al año, y en México se les decomisan apenas unos cuantos pesos.
Contra el narcomenudeo, en estos 6 años se realizaron 2 mil 292 operativos y cateos en el marco de la estrategia integral de cooperación y coordinación entre diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, señala el Sexto informe.
Agrega que en esos operativos fueron detenidas 1 mil 351 personas; además, “fueron desmantelados 20 laboratorios clandestinos, se lograron asegurar 15 mil 763 armas de fuego, 11 mil 295 vehículos, 294.2 toneladas de mariguana, 35 mil 40 kilogramos de cocaína, 59 mil 763 kilogramos de metanfetaminas, 270 kilógramos de heroína y 197 mil 543 unidades de psicotrópicos”.
Estos “logros” palidecen ante la cruel realidad. De acuerdo con organizaciones, como Cauce Ciudadano, en el narcotráfico participarían más de 75 mil jóvenes y esa no sería toda la estructura criminal. Además, en las ciudades, las tienditas narcomenudistas están prácticamente en cada esquina.
Por ello, en el futuro la pacificación del país debe ser el objetivo principal del Estado, sólo así podremos transitar a un nuevo estadio que permita sanar al cuerpo social.
¿Algún día recuperaremos nuestra humanidad y capacidad de indignación y nos movilizaremos ante las crisis de inseguridad o injusticia? Espero que sí, pero sólo el tiempo revelará la respuesta.
