Una caja de tráiler con 157 cadáveres sin identificar ha sido abandonado en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, debido a la falta de infraestructura para resguardar los cuerpos y de un espacio para su conservación.
Habitantes de la colonia La Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque, consiguieron el jueves pasado que la unidad fuera retirada de una bodega cercana, debido a los malos olores que desprendía; para ello, la alcaldesa María Elena Limón dio un plazo de 48 horas.
Fueron los propios vecinos los que notificaron a la presidenta sobre la presencia de la caja y aunque inspectores municipales intentaron cerrar la bodega, policías estatales evitaron que se colocaran sellos de clausura.
Por ello, la munícipe lamentó la falta de coordinación y comunicación con autoridades estatales de Jalisco.
En respuesta, el gobierno del estado decidió mover la caja a un predio a cielo abierto en el fraccionamiento Paseos del Valle, esta vez en el municipio de Tlajomulco; sin embargo, también en esa zona se produjeron quejas por los olores fétidos.
Así, la administración estatal decidió mover el tráiler con los cuerpos; ahora, a una bodega de la fiscalía del estado en la zona industrial de Guadalajara.
Por este hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco abrió un acta de investigación y recordó que en marzo pasado pidió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses junto a la Fiscalía General del Estado (FGE), establezca un cementerio forense para realizar inhumaciones controladas e individualizadas de los cuerpos o restos a disposición de la autoridad ministerial.
Además, recomendó hacer registros de datos completos de estos cuerpos, como los perfiles genéticos de ADN.
“Las fosas o nichos deberán marcarse con materiales perdurables, con el número de folio o número único de registro que le haya correspondido a los restos; toda la información sobre inhumaciones debe ser debidamente documentada e incorporada tanto al Banco Estatal de Datos Forenses, como al expediente del caso en la fiscalía”, indicó la defensoría.
Desde agosto pasado, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública estatal inició la construcción del cementerio forense en un predio donado por el municipio de Tonalá, en la colonia El Vado; sin embargo, la obra se detuvo por inconformidad de habitantes de la zona.
Familiares de desaparecidos exigen trato justo
Luego de revelarse el descuido y estado de abandono de los restos humanos, familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones no gubernamentales exigieron un trato digno para los cuerpos, en cumplimiento de la Ley de Víctimas y la Ley General de Desaparición.
En un comunicado, los firmantes expresaron su indignación por el “trato denigrante” que las autoridades de Jalisco han dado a los cuerpos de personas víctimas de la violencia y la posterior revictimización de los deudos.
“Resulta espeluznante que la cantidad de cuerpos no identificados son tantos que no caben en el Semefo, e indignante constatar que la voluntad del estado no alcanza para darles un trato digno para identificarlos y regresarlos a sus familias”, señala el desplegado.
Los inconformes denunciaron que, con ello, además del alarmante nivel de violencia en la entidad, se revela la “incapacidad humana, técnica y presupuestaria” del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la FGE para dar respuesta a familiares de personas desaparecidas.
Por esta razón, exigieron el cumplimiento de las leyes General de Víctimas, en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición de Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como del Protocolo Homologado en búsqueda.
Esto, con el fin de obtener información sobre datos forenses, muestras para el registro nacional de personas fallecidas sin identificar y cumplir con los objetivos del programa nacional de búsqueda.
