Los recortes presupuestarios que el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó al gasto en los últimos años afectó de manera dramática la eficiencia de los programas sociales, que además sufren a menudo de problemas de diseño y carecen de diagnóstico para resolver los problemas.
Lo anterior se desprende de las 155 fichas de evaluación de los programas y acciones de desarrollo social que publicó este martes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que canaliza la mayor parte de los recursos para atender el combate a la pobreza, sufrió un recorte presupuestario de 20 mil millones de pesos entre 2015 y 2017, lo que desencadenó una desatención a millones de personas.
Y si bien Prospera, el programa central de dicha dependencia –que se reproduce, bajo distintos nombres, desde 1997–, benefició a 6 millones 584 mil hogares el año pasado, dejó sin atención a un millón 361 mil hogares que sufren condiciones similares de miseria.
De acuerdo con el Coneval, los apoyos “no necesariamente responden a las necesidades y contexto de las localidades”, y el programa “no cuenta con un plan de trabajo anual”.
Por su parte, la Pensión para Adultos Mayores (PAM) –otro programa estratégico en la Sedesol– sufrió un recorte de 5 mil millones de pesos entre 2015 y 2017, con lo que dejó de entregar sus 580 pesos mensuales a más de 500 mil adultos mayores.
Ello a pesar de que “enfrenta incrementos sustanciales en la población potencial, debido principalmente a presiones demográficas y a la creciente dificultad del acceso a los sistemas de pensiones”.
