Por primera vez, un ente del gobierno mexicano reconoce la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco como un crimen de Estado, en que se violaron derechos humanos.
En un evento realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, dio a conocer que el organismo emitió una resolución de la primera reparación colectiva para las víctimas de los actos violentos de hace casi 50 años.
“Fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta. Fue un Crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre, mediante detenciones arbitrarias y tortura”, apuntó en su discurso.
Los efectos de la resolución
Aceptó que aunque sobrevivientes del 68 exigen una disculpa pública por parte del presidente de la República, no está contemplada en la resolución pues “correspondería a otro nivel” y adelantó que podría ser en los primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El dictamen también permite digitalizar información de los movimientos sociales desde 1968 a la fecha para su consulta pública y abierta, así como la edificación de un memorial.
El 68 y Ayotzinapa
Por su parte, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), mencionó que existe una similitud entre la represión contra los estudiantes en 1968 y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La respuesta del Estado fue similar. Hace 50 años se respondió con asesinatos y presos políticos. Y ahora, lo que pudo ser un punto de inflexión, el reconocimiento de la debilidad institucional, término siendo la expresión máxima del ADN corrupto e impune de este sexenio”, declaró.
