Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa “no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere porque le deja la dirección de la investigación a los representantes de la víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
El general señaló que si las acciones para instrumentar una comisión de la verdad se ajustan al marco de la ley, las Fuerzas Armadas se ceñirán a esa legislación.
“La Sedena ha ejercitado algunas acciones porque considera que la comisión de la verdad no está prevista en el orden jurídico mexicano ni está prevista en algún tratado internacional, entonces, nosotros pensamos que una investigación a cargo de un organismo, que por cierto, le deja la dirección de la misma a los representantes de la víctimas (CNDH), pues no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere”, dijo al diario El Universal.
Cuando recién se cumplen 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Ramos Flores rechazó la participación del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
“Derivado de las investigaciones y, como se ha sostenido, la Sedena, ha informado que no hubo ninguna participación (la noche de los sucesos), no existe ningún elemento que refiera que se actuó por parte de personal militar”, puntualizó.
El mando militar consideró sospechoso que “toda la carga de la ira, de los señalamientos y que la principal preocupación del caso sea que se busque la responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”.
“Quien estaba actuando en contra de los estudiantes era la policía. No sólo es una cuestión de toma de decisiones, es jurídica, y así fue informado a la Procuraduría General de la República (PGR). Tenemos un reglamento y una ley de disciplina que nos prohíbe entrometernos en los asuntos de la policía”, indicó.
Asimismo, exhortó a tener cuidado con los intereses de particulares que pueden mover a la investigación del caso Ayotzinapa.
“Hay que distinguir los intereses que pueden subyacer detrás del movimiento y del dolor de los familiares de los estudiantes que padecieron esta lamentable situación.
La principal preocupación tendría que ser que investiguen qué fue lo que pasó, quiénes actuaron en contra de los estudiantes y dónde están”, comentó.
Por último, el general recordó que no se debe olvidar la responsabilidad de las autoridades de la propia normal, puesto que fueron los primeros enterados de la salida de los estudiantes; además, de las investigaciones que hablan de una confusión entre los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.
