El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión para investigar al presidente Enrique Peña Nieto durante su encargo o al finalizar este, así como a los integrantes de su gabinete, pues se señala que el mandatario participó en los desvíos de Alejandro Gutiérrez y César Duarte en Chihuahua.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que llevaría a Peña Nieto a la cárcel una vez que termine su mandato, ya que se presentó una controversia constitucional.

Además de que el pasado 11 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia de México presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales, incluido Peña Nieto.

Esta controversia presentada por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, es la primera que el Ejecutivo Federal presenta, sin embargo el pasado 18 de octubre, Corral Jurado mencionó que este es un recurso cuestionable en términos de juridicidad.

«También hay un hecho político indiscutible: el presidente de la República está preocupado por las investigaciones de Chihuahua y esa preocupación puede, ahí sí, ser contextualizada en un dicho muy antiguo, pero con una aplicación novedosa: si algo teme, es porque algo debe«, manifestó el gobernador de Chihuahua.

Por otra parte, el ministro de la Corte mencionó que siguiendo los precedentes del Tribunal Pleno, se dio admisión, pues se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, además de que consistente en determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.

Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”, detalla el acuerdo del ministro.

El acuerdo también señala que esta medida cautelar suspende únicamente las investigaciones y procesos hasta que se determine el tema por la Suprema Corte, con el fin de saber si las conductas delictivas que se pretenden investigar sean conocidas por las autoridades federales y locales.

La controversia constitucional será resuelta por el Tribunal Pleno después de agotarse la instrucción, en la que las partes presentarán sus argumentos e informes correspondientes”, detalló el ministro.