El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) trabaja en un plan jurídico contra la ley aprobada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que reglamenta los salarios para que ningún servidor público gane más que el presidente de la república.
Para ello, los trabajadores contrataron un despacho jurídico a escala internacional y de una agencia para la atención a medios de información.
El diario 24 Horas reveló que tanto el secretario general del STPJF, Gilberto González, como el representante de la Coordinación Nacional de Secretarios, Javier Cruz, contrataron a Víctor Rodríguez Rescia, abogado especialista en Derecho Internacional y presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y del Centro de Derechos Civiles y Políticos, en Ginebra.
Rodríguez Rescia ya se ha reunido el pasado 20 de octubre pasado y en días recientes con jueces y magistrados mexicanos para llevar el caso.
Para llevar la causa, González y Rodríguez coinciden en combatir la ley mediante la defensa jurídica, evitando manifestaciones y ponderando además un “buen manejo de medios”.
“Este despacho que va a ayudarnos con la convencionalidad, es internacional, de muy alta reputación”, señaló González Pimentel.
Por su parte, Cruz expresó su beneplácito por ir en un frente común con el Sindicato del Poder Judicial.
“Los que se ven menoscabados son los propios justiciables con ese tipo de decisiones, y nos halaga saber que vamos unidos con el sindicato, que hemos recibido el apoyo necesario y en esa línea reiteramos que es importante que no llevemos a cabo acciones diversas a las que hemos manejado en este momento”.
La ley aprobada el pasado 12 de septiembre por el partido Morena regula la disposición constitucional de que ningún funcionario tenga una remuneración mayor a la del presidente, tal y como ofreció Andrés Manuel López Obrador, lo cual ha generado fuertes críticas.
Como la del constitucionalista Diego Valadés, quien calificó la propuesta como una regresión en el orden institucional, ya que el documento de 1917 consideró dos características para los jueces: independencia y estabilidad económica.
