Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe precisar cuál será el papel que desempeñarán las autoridades civiles para que no exista su subordinación de éstas a las militares.
“Es positivo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad contemple diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y reconozca como premisa el respeto a los derechos humanos, pero es preciso que se enfatice el papel esencial que las autoridades civiles”.
Agregó que las acciones reactivas que contempla el documento, las cuales estarían a cargo de una Guardia Nacional, no son compatibles con la intención que se ha declarado en varias ocasiones para fortalecer a las instituciones civiles de seguridad para dejar en sus manos los trabajos de seguridad.
“El abatimiento de prácticas que violan los derechos humanos, como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura, no se puede garantizar sólo con la creación de nuevos organismos, en este caso la Guardia Nacional, por eso es necesario una política integral que haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles”, abundó.
