La investigación por violaciones de derechos humanos en el caso Iguala concluyó que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, aunque falta por determinar si algunos de los restos corresponden a los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, debido a “desaseo” en las pesquisas.
La llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), rechazada por los padres de los normalistas y especialistas de organismos internacionales, marcaba que los 43 fueron incinerados en dicho basurero. Al presentar la recomendación 15VG/2018, sobre investigaciones por violaciones graves de derechos humanos en el caso Iguala, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, afirmó que la PGR subestimó el hallazgo de porciones petrosas de huesos temporales.
“Entre las consecuencias del desaseo y poco profesionalismo con el que se han llevado a cabo las investigaciones, en particular la que está a cargo de la Procuraduría, se encuentra el que se haya subestimado el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales detectadas por dicha instancia”, refirió.
Así como el que se haya ignorado que en el material contenido en una bolsa recuperada del río San Juan se encontraban otras tres porciones petrosas, además de 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para avanzar en la determinación del destino de los 43 desaparecidos al precisar, científicamente, si los huesos corresponden a ellos o a personas diversas.
En su momento, algunos restos fueron enviados a un laboratorio en Austria, que logró identificar el ADN de uno de los normalistas. González afirmó que lo que encontró la CNDH implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; así como la confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos. “Es claro que la presente recomendación
no da por terminada la investigación del caso”, apuntó.
