La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contribuirá en todo lo que se le solicite para la investigación que lleva a cabo la recién creada Comisión de la Verdad sobre el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, afirmó su titular, Luis Raúl González Pérez.
Añadió que en la recomendación que emitió la CNDH sobre el caso, hay insumos importantes, en las mil 200 páginas, en las que hay acciones concretas que se deben realizar.
“Más allá de posturas, de opiniones o hipótesis, quién puede estar en contra de que los restos que estamos sugiriendo se manden ‘periciar‘, ya que una posibilidad es que puedan corresponder a los jóvenes, y si no pues hay otras personas que tienen derecho a saber sobre esos restos”, refirió.
Al respecto, recordó que hay 37 mil desaparecidos en el país, por lo que nadie puede oponerse a que se manden a analizar entre los cerca de 65 mil restos encontrados ahí, documentados, “estamos proponiendo 114 mínimo, que podrían corresponder a 19 individuos”.
Consideró que el que “la ciencia determine ayudará a identificar a quién corresponden esos restos y ayudará a conocer la verdad sobre la identidad de esas personas”.
Recordó que la CNDH también recomendó que se investigue a quienes administrativa y penalmente cometieron algunas irregularidades en las pesquisas.
En su recomendación sobre el caso Ayotzinapa, añadió, la CNDH también establece que se agote el determinar la segunda ruta que pudieron haber tomado los jóvenes del camión 1531, “es decir, hay muchísima información”.
No obstante, reiteró que todo ello no excluye que se manden los restos a hacer análisis periciales y “todos ganamos tiempo”.
Entrevistado en el marco de la presentación del informe especial sobre las personas con discapacidad, el presidente de la CNDH dijo que para este órgano su recomendación sobre el caso es “el documento más aproximado a la verdad”.
El ombudsman nacional sostuvo que “la verdad nunca puede ser revictimizada” y negó que el organismo haya validado acciones de tortura en su recomendación.
Por otro lado, el ombudsman nacional consideró que la iniciativa de reforma constitucional que busca ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es regresiva.
Consideró que “lo que se tiene que buscar es profesionalizar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal; es decir, que sean capaces de argumentar y fundar una acusación, ya que cualquier delito es susceptible de presión preventiva si se argumenta ante el juez”.
