La cooperación internacional para el desarrollo (CID) es una actividad que sin duda apela al lado más humano de las relaciones internacionales. Tras la desastrosa Segunda Guerra Mundial, fue necesario repensar la manera en la que los diversos pueblos de la humanidad querían tratarse mutuamente. La creación del sistema ONU coadyuvó al propósito de vislumbrar un mundo más cooperativo mediante instituciones internacionales, y sería Harry S. Truman quien pronunciaría, en 1949, el famoso discurso de los Cuatro Puntos, en el cual recalcó el deseo de contribuir al crecimiento de áreas no desarrolladas a través de ayuda “económica y financiera”.
Para México, la CID no es poca cosa, ya que forma parte de los pilares de la política exterior de nuestro país especificados en el artículo 89 de la Constitución. Desde 2011, a nivel institucional, México se vale de la Ley de CID propuesta por la diplomática – y entonces senadora por el PRI – Rosario Green. Dicha Ley dio paso a la creación de la Agencia Mexicana de CID (AMEXCID), la cual “establece procesos de coordinación interinstitucional y con actores no gubernamentales, y genera herramientas e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación de la CID”.
Así pues, México cuenta con diversas herramientas para instrumentar su CID, pero, ¿hay voluntad política para ejercerla? Diversos expertos, como Juan Pablo Prado, Jorge Schiavon o Bruno Figueroa, han criticado en sus textos la falta de voluntad política de los Gobiernos anteriores (PAN-PRI) que ha tenido como consecuencia que la funcionalidad de la AMEXCID no sea la óptima. Entonces, ¿por qué podría ser alentador que este cambio de régimen incida positivamente en las actividades mexicanas de CID?
Cuando AMLO era proclamado ganador de las elecciones del pasado julio, en su discurso resaltó cuatro de los ocho principios constitucionales que rigen el actuar de México en el exterior, entre ellos la CID. Un partido abiertamente de izquierda nacionalista se impuso por primera vez en la historia de México; un gobierno anti-élites y para el pueblo.
Dicho de manera breve, parece ser que con AMLO, México transita, de lo que Schumpeter llamaría un modelo elitista democrático – en manos de unos pocos – hacia uno de democracia participativa y republicana – en donde la ciudadanía se implica activamente en las decisiones políticas. Esto se ha visto marcado por las consultas ciudadanas y los debates que se han abierto desde la cúpula política para ser discutidos por el pueblo, por ejemplo las pugnas con el poder judicial.
Ahora, el presupuesto de ingresos y egresos publicado recientemente, y la prioridad que se da a unos rubros sobre otros, da una temprana imagen de lo que podría ser el Gobierno de AMLO en muchos sentidos. Entre las dependencias que más recibirán recursos está, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar, lo cual, aunado al discurso pro-social y anti-neoliberal del actual presidente y el aumento al salario mínimo, especula que México transita hacia un mayor Estado de Bienestar.
Todo esto es importante porque habla sobre las percepciones y visión del mundo de AMLO, quien parece estar genuinamente preocupado por la desigualdad social. ¿Y si esto se refleja a nivel de política exterior?
Para ello necesitaríamos entender el actuar de la dinámica internacional desde una perspectiva sistémica, en donde hay al menos tres niveles de análisis. Por un lado, las preferencias domésticas de la ciudadanía – en este caso, la mayoría que votó por AMLO –, que se ven reflejadas y representadas por los tomadores de decisiones – AMLO y su Gobierno –, y que finalmente inciden en el actuar del país hacia el exterior.
A su vez, el exterior incide en lo doméstico, por ejemplo, con la globalización, que desde hace unos años genera un rechazo importante en las poblaciones de diversas partes del mundo, recurriendo entonces al discurso nacionalista que ya ha modificado la percepción de los ciudadanos y ha incidido en sus preferencias políticas, por ejemplo en Estados Unidos.
Si se piensa que las ideas y los valores de una población inciden de manera significativa en la política exterior, y si esas ideas y valores están mayoritariamente basadas en atender la desigualdad social y la pobreza mediante un Estado de Bienestar, ergo se puede pensar que México, como actor global, estará más preocupado por disminuir la desigualdad y la pobreza mundiales, por lo que la CID podría ser el rubro de la política exterior mexicana más beneficiado.
Lumsdaine pensaba que el nivel de ayuda exterior de un país está en función del nivel en el que ese país atienda la pobreza a nivel doméstico. Su investigación arrojó que aquellos países con mayor gasto social – generalmente gobernados por la Socialdemocracia – eran también aquellos con los niveles de CID más altos.
A su vez, Noël y Thérien vieron una relación directa entre las políticas de Estado de Bienestar y la CID, debido a que los valores y principios de justicia social de un Estado de este tipo funcionan como mecanismos causales que influyen en la política mediante la opinión pública.
De entrada, México ha sido exitoso para negociar con el Gobierno de Trump un “Plan Marshall” para Centroamérica y el Sur de México, cuyo principal objetivo es promover el progreso y desarrollo para mitigar los efectos migratorios en la región. Es preciso recalcar que si bien esto último es una motivación pragmática, no significa necesariamente un alejamiento a estos valores de justicia social que mencioné previamente, ya que la CID puede servir, por principio, para fines pragmáticos, como cualquier acción de política exterior.
Así pues AMLO logra en los primeros días de su Gobierno una victoria importante a nivel de política exterior, y tal como se ve explicó, el rubro prioritario fue la CID. Es alentador entonces pensar que este sexenio finalmente atenderá las sugerencias de varios académicos y diplomáticos para dar un mayor énfasis a la CID y a la Agencia Mexicana. Claro que todo esto está condicionado a la voluntad del presidente quien, al mismo tiempo, defiende un discurso de austeridad que puede incidir significativamente en el plano exterior, aunque hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores ha salido bien librada del golpe.
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