Los coordinadores del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre.
El grupo del Partido Acción Nacional (PAN) informó que el documento argumenta cinco puntos que, a decir de los legisladores, demuestran violaciones que se cometieron al aprobar diversos cambios en dicha ley.
Como al principio de legalidad y principios de la democracia representativa, fundamentalmente el deliberativo, derivado del procedimiento legislativo en el que se aprobó el decreto de reformas a diversos artículos de la mencionada ley pues habría sido después de un procedimiento viciado.
Los legisladores argumentaron inconsistencias, como que pese a que el 13 de noviembre se levantó la sesión el mismo día, en una sesión ordinaria nueva y posterior, se aprobó indebidamente la ley.
Además, opinaron que hubo un ejercicio arbitrario y discrecional por parte de la Mesa Directiva, que decidió discutir solamente esta propuesta de ley en la Comisión de Gobernación y Población, aunque se necesitaba la opinión de la de Seguridad Pública y las de Economía, Comercio y Competitividad, así como de la de Federalismo y Desarrollo Municipal.
«No fue un trabajo que haya permitido exponer, discutir y analizar a cabalidad todos y cada uno de los artículos que fueron objeto de la reforma», sostuvo la oposición.
Van contra superdelegados
Además los partidos juzgaron que hubo una violación a la soberanía de las entidades federativas prevista en los artículos 41, 116 y 122 de la carta magna, por la inconstitucionalidad de los artículos 17 bis y 17 ter de la ley.
Los legisladores de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD nuevamente manifestaron su inconformidad por la nueva figura de superdelegados y denunciaron la aparición de un sistema netamente centralista, que rompe con lo más esencial del sistema federal: la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política.
Advirtieron que la creación de los llamados «superdelegados» genera un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A su juicio, se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la población.
Ello, agregaron, sin la previsión de mecanismos de control y garantías institucionales y por el contrario con la permisión al «superdelegado» para crear su ejército de funcionarios adscritos a esta labor se abre un gran espacio para el ejercicio arbitrario del poder.
