El euro está a punto de festejar su vigésimo cumpleaños, pero los países que lo usan aún debaten cómo debería funcionar la moneda común y cómo corregir las fallas que salieron a la luz tras la crisis deudora que opacó su segunda década.
Fue lanzado el 1 de enero de 1999, cuando 11 países fijaron sus tipos de cambio a él y le cedieron las decisiones sobre las tasas de interés al recién fundado Banco Central Europeo. Los billetes y monedas del euro entraron en circulación tres años después.
La moneda común fue vista como una solución a las constantes disputas en torno a los tipos de cambio que habían marcado la política en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y como una extensión lógica a la zona libre de aranceles de la Unión Europea. Gran Bretaña, en particular, decidió no usarla, pero 19 de los 28 países de la UE sí la utilizan.
Ahora acecha la posibilidad de una nueva crisis como la que amenazó con echar por tierra el euro de 2010 a 2012. El gobierno de Italia ha reaccionado con irritación ante las restricciones al gasto público que conlleva usar la moneda común y desea hacer más erogaciones para el bienestar social. Por ahora está congelada la disputa de Roma con la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.
Sin embargo, la gran carga deudora de Italia del 132 por ciento del crecimiento anual, su falta de reformas en pro del libre mercado y su lento crecimiento económico, el cual afecta al de la UE, siguen siendo una amenaza en ciernes que podría estallar durante la próxima recesión, sea cuando sea que ocurra.
El acuerdo original sobre el euro dentro del Tratado de Maastricht, firmado en 1992, especificaba claramente que las políticas económicas y el gasto público eran responsabilidades estrictamente nacionales y se le prohibió a los estados miembros rescatarse unos a otros.
Ese concepto tuvo que ser hecho a un lado en 2010, cuando los países con mayor solidez financiera, encabezados por Alemania, hicieron préstamos de rescate a otros más débiles cuyas deudas ya no eran sostenibles y como condición ordenaron implementar duras medidas de austeridad.
Alemania y gobiernos del norte de Europa como el de Holanda se resisten a compartir los riesgos y el gasto público, temiendo que acaben pagando por artimañas en economías no muy bien administradas. En contraparte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha promovido la existencia de un presupuesto central sustancial, pero ha enfrentado considerable resistencia.
