La CNDH y la Oficina de la ONU para Derechos Humanos concluyeron que el dictamen de Guardia Nacional, aprobado en comisiones por la Cámara de Diputados, contiene fallas que ponen en riesgo las garantías individuales y contravienen disposiciones internacionales que México está obligado a respetar.
En las audiencias audiencias públicas en las que se estudia este dictamen, ambos organismos entregaron a la Cámara de Diputados un análisis técnico en el que identifican, por separado, problemas en la reforma que pretende modificar la Constitución para habilitar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Tanto el presidente de la CNDH, Luis González Plascencia, así como el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derecho Humanos, Jan Jarab, se expresaron por la no aprobación del dictamen como se encuentra y, por el contrario, llevar un proceso de revisión del mismo.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador rectificó y solicitó a los diputados que el mando de la Guardia Nacional se encuentre en el ámbito civil bajo dicha dependencia, aún se encuentran algunas fallas, entre las cuales el portal Animal Político destacó estas:
El mando militar
Ambos organismos señalaron que la aplicación de un mando mixto en la corporación habría sido ambigua e impráctica, pues en los hechos otorga a mandos militares la jefatura en tareas de seguridad ciudadana.
Normaliza al Ejército en seguridad pública
El dictamen, advirtieron, normaliza la intervención militar en tareas de seguridad pública, contrario al paradigma internacional moderno que establece que su intervención en estas tareas debe ser solo excepcional y en un “carácter extraordinario”, situación que además se ha reiterado en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por abuso a derechos humanos.
Facultad de la Guardia para investigar
Por otra parte, la la facultad que el dictamen da a los integrantes de la Guardia Nacional para ser auxiliares del Ministerio Público en la investigación de los delitos fue otro punto señalado, ya que, afirman, atenta con el uso excepcional que debe darse a las fuerzas armadas en el terreno de la seguridad pública.
Sin fortalecimiento de policías
Los dos organismos concluyeron que el dictamen, aun cuando hace mención del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en artículos transitorios, realmente no prioriza el asunto, con plazos “laxos” y objetivos “imprecisos”.
Jurisdicción militar
Además también se criticó que el dictamen no imponga una jurisdicción civil clara sobre los posibles hechos irregulares o ilícitos en que pudieran incurrir elementos de la Guardia Nacional, lo anterior pese a que la fuerza contaría con civiles en sus filas.
