El combate al Huachicol en el país ha sido uno de los temas que se ha adueñado de la agenda pública las ultimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto cambios en el reparto de los combustibles y ello ha generado desabasto en algunas regiones del país.

De acuerdo con información que el gobierno federal ha ido exponiendo poco a poco se ha evidenciado que el robo de combustible existe desde hace 20 años en México. Aunque hay registros de ordeña ilegal de gasolina y diésel durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la situación cobró relevancia con el cambio de poder político en México en el año 2000, tras la victoria presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), y que llegó a su punto máximo tras el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos.

López Obrador, señaló que los gobiernos anteriores de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como los respectivos directores de Pemex tenían conocimiento de este problema.

“Lo sabían todos, desde Fox”, aseguró el mandatario en su conferencia de prensa del pasado 9 de enero.

Las tres administraciones pasadas prometieron resolver el problema, y aunque implementaron medidas para reducir el delito, lo cierto es que la cifra siguió creciendo hasta un nivel récord de 12,581 tomas clandestinas durante octubre de 2018, según datos de Pemex.

Reparar un ducto dañado por toma clandestina toma poco tiempo, aproximadamente dos horas, más el lapso de traslado de las brigadas, pero de acuerdo con el nuevo gobierno, los funcionarios en Pemex encargados de monitorear los ductos continuaban durante más de ocho horas con el transporte de energéticos, a pesar de las alertas de posibles ordeñas ilegales o fugas.

Entre 2004 y 2016, cada hora se perforaron alrededor de 1.5 tomas clandestinas, un incremento de casi 6,000%, de acuerdo con un reporte de la Cámara de diputados.

Para sustituir esta forma de transporte, Pemex enviará los energéticos por pipas, modalidad 14 veces más cara.

Esta estrategia ha desatado una ola de desabasto en múltiples estados del país, incluida la capital mexicana, además de compras de pánico que solo han agravado el problema.

El gobierno de López Obrador ha ofrecido disculpas a la población, insistido en evitar las compras de pánico, y ha prometido normalizar el abasto, pero asegura que no cambiará la estrategia.