(AP) — El gobierno de Estados Unidos impuso el lunes nuevas sanciones a políticos aliados al gobierno de Nicolás Maduro y pidió a países latinoamericanos congelar cualquier activo de la petrolera estatal venezolana en momentos en que la oposición y las naciones a favor de un cambio político en Venezuela batallan para encontrar mecanismos para entregar ayuda humanitaria a una sociedad sumida en su peor crisis económica.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence participó el lunes en una reunión del llamado Grupo de Lima, que exigió la salida inmediata de Maduro y la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, aunque también enfatizó que cualquier cambio debe hacerse sin el uso de la fuerza.
Al encuentro también llegó el autodproclamado presidente interino venezolano, Juan Guaidó, quien el fin de semana se había pronunciado por considerar todas las opciones para impulsar la salida de Maduro.
Pence, quien también anunció que Estados Unidos enviará otros 56 millones de dólares para ayudar a las naciones vecinas de Venezuela a enfrentar la llegada masiva de venezolanos que huyen de la crisis económica, repitió la amenaza de Donald Trump de que “todas las opciones están sobre la mesa”.
“Es tiempo de hacer más”, dijo Pence. “Pronto llegará el día en que terminará la larga pesadilla, cuando Venezuela será libre de nuevo, cuando su gente verá un renacimiento de la libertad”.
En una declaración firmada por diez países latinoamericanos, el Grupo de Lima subrayó que “la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.
Los países firmantes fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.
Horas más tarde en un comunicado, el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos y a los países miembros del Grupo de Lima de conducir “una feroz campaña para derrocar” a Maduro, violando los principios fundamentales de derecho internacional.
Rechazó los anuncios del vicepresidente Pence de nuevas medidas “coercitivas unilaterales” contra un grupo de gobernadores oficialistas, y “sus intentos de girar órdenes para que otros países se sumen al robo al grosero método” que Washington ya ha puesto en práctica “contra los activos de la República”, incluidas las propiedades de la petrolera estatal venezolana.
Tras la reunión del bloque, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aseguró que Guaidó y su familia enfrentan amenazas “serias y creíbles”, aunque no dio detalles.
De manera paralela, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la imposición de sanciones a cuatro gobernadores venezolanos aliados de Maduro. Al respecto, Pence adelantó que su país anunciaría castigos aún más fuertes a “las redes financieras corruptas” y aseguró que “encontraremos cada dólar que han robado y regresaremos ese dinero al pueblo venezolano”.
De acuerdo a Mark Weisbrot, codirector del Centro para Investigación Económica y Política que aboga por una negociación para salir de la crisis venezolana, las sanciones adicionales por parte de Estados Unidos podrían incrementar el sufrimiento de los venezolanos y acarrear más violencia política.
La presencia del vicepresidente estadounidense en Bogotá se da dos días después de que un plan de la oposición venezolana para introducir ayuda humanitaria a Venezuela derivó en varios enfrentamientos cuando las fuerzas leales a Maduro impidieron la entrada de los camiones y se enfrentaron con la gente que acompañaba los cargamentos. Al menos cuatro personas murieron y más de 300 resultaron lesionadas.
Al respecto, Weisbrot dijo que esta situación “fue un truco de relaciones públicas porque la ayuda fue solo una pequeña fracción de la comida y la medicina de la que están privando a los venezolanos con las sanciones”, y agregó que “como admitió el gobierno de Trump, fue un intento de lograr que el ejército venezolano desobedeciera a Maduro. Fue una farsa y fracasó”.
El mismo lunes, el gobierno colombiano informó que 167 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela han pedido protección a Colombia mientras huyen del gobierno de Maduro. De acuerdo con Migración Colombia, en los últimos dos días llegaron uniformados de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, entre otras.
De este grupo, varios estaban acompañados por sus familias por temor a las represalias. No se tiene reporte hasta el momento de información de la llegada de cuatro generales, como se afirma a través de redes sociales.
Durante su visita a la capital colombiana, Guaidó recibió el trato de un jefe de Estado. Posó para fotografías con quienes le enviaban buenos deseos y cuando llegó a la reunión se detuvo frente a cajas estampadas con la bandera estadounidense mientras él y Pence saludaban a migrantes venezolanos, uno de los cuales –un anciano– lloró mientras le estrechaba la mano e imploraba por su ayuda.
Sin embargo, durante el encuentro con el grupo, Guaidó no dio detalles específicos sobre las medidas que podría tomar a pesar de las especulaciones que han señalado que podría solicitar una intervención como sugirió el sábado Julio Borges, embajador de la oposición en el Grupo de Lima. “Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza a la democracia de toda América”, dijo.
A la par, varios líderes latinoamericanos que han respaldado a Guaidó rechazan el uso de la fuerza para solucionar la situación.
“Esperamos que la presión de la comunidad internacional, el diálogo y la prudencia prevalezcan para que, aunque las circunstancias sean muy parecidas a la que se vivieron en mi país, tengamos la capacidad de encontrar una solución diferente a la que se dio en ese momento”, dijo el presidente panameño Juan Carlos Varela en referencia a las similitudes que encuentra entre la actual crisis venezolana y la situación que vivió Panamá en 1989, cuando fue invadida por Estados Unidos para remover al dictador Manuel Noriega.
