Ironías de la historia. Enrique Krauze, el discípulo de Octavio Paz y todavía reputado historiador, estaba allí en calidad de moderador. Hace casi 28 años, en el marco engalanado de El siglo XX: la experiencia de la libertad, un evento que reunió a una treintena de los intelectuales más reputados del planeta, con la transmisión de Televisa en vivo, retumbaron las afirmaciones de Mario Vargas Llosa: “México es la dictadura perfecta” y “Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándole de una manera muy sutil”.
¿Ironias de la historia o justicia divina? Quizás algo de ambas. Lo cierto es que hoy Enrique Krauze se encuentra de nueva cuenta en el centro de la palestra… o el ojo del huracán, sólo que hoy no aparece en el papel de moderador de un encuentro lustroso entre intelectuales sino como protagoniosta de una historia que le impone el papel de villano intelectual reclutado mediante sobornos por un régimen rapaz y, más recientemente, por empresarios pudientes interesados en la preservación de dicho régimen.
Con intención o sin ella, allí lo colocó la diputada Tatiana Clouthier, luego de las revelaciones contenidas en su reciente publicación de Juntos hicimos historia, que documentan la existencia de una acción concertada entre Krauze y pudientes empresarios, entre ellos los dueños de Coppel y Cinépolis, para operar una estrategia de propaganda sucia en contra del en ese entonces candidato y hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Más allá de sus aristas anecdóticas, el caso Krauze ofrece la oportunidad de repensar la historia política reciente, la situación actual y, especialmente, los pendientes y desafíos en la posible construcción de un nuevo régimen. A la distancia de poco más de 30 años, el detalle digno de ser resaltado es que de la poderosa trilogía del régimen rapaz integrada por el PRI,Televisa y los intelectuales orgánicos, reclutados éstos a cambio de sobornos, sólo queda en pie esta última.
Menospreciar o soslayar el patrón histórico de la relación entre las elites políticas y las elites intelectuales de nuestro país, además de ingenuo, resulta un proceder por demás riesgoso e irresponsable. Imprecisiones conceptuales aparte, el dedo puesto en la llaga por Vargas Llosa hace 28 años, por actual, sigue doliendo.
El problema, para que quede claro, no estriba en la existencia misma de vasos comunicantes entre políticos e intelectuales. Más aún, la complejidad de los problemas públicos puede operar como aliciente en la incorporación de los diagnósticos científicos en las propuestas de solución y, a la vez, la cercanía con los problemas de política pública sienta la oportunidad para que el saber especializado adquiera pertinencia práctica.
Una historia cualitativamente distinta es la que resulta cuando desde el poder —político, económico o mediático—, a través de prebendas y sobornos, se reclutan intelectuales para encumbrarlos y convertirlos en portavoces de relatos a modo o a petición de parte para defender los intereses privados de sus patrocinadores. En éste, que es el peor de los escenarios posibles, el éxito de los partícipes del contubernio entre políticos-empresarios sobornantes e intelectuales sobornados tiene un desenlace conocido: un régimen político rapaz e incapaz de observarse a sí mismo y auto corregirse.
Vargas Llosa tenía razón en su intervención de 1990. La perfección del régimen rapaz, apto para generar estabilidad sin desarrollo económico y preservarse sin necesidad de apelar al uso de la fuerza, había estribado en su aptitud histórica para reclutar, mediante soborno, intelectuales connotados.
Los señalamientos de Tatiana Clouthier sobre el historiador Enrique Krauze, de este modo, abren la puerta a que la 4T se haga cargo de un problema público que no es de menor calado y sí de urgente solución: el desmontaje de las mafias intelectuales que operan subterráneamente y al margen de la ley en el tejido institucional mexicano y el impulso de una genuina política estatal que siente las bases de una cooperación recíprocamente productiva para el quehacer político y el quehacer científico-intelectual.
Me temo que AMLO puede estarse equivocando en su estrategia de referirse al caso Krauze en términos del ejercicio de la libertad de expresión por parte de un intelectual opositor. Desde la perspectiva legal, y con los indicios documentales y los testimonios disponibles, todo parece apuntar a que asistimos a un caso de asociación delictuosa y con potencial de conductas violatorias de diversos preceptos electorales.
Se entiende, y hasta puede calificarse como inteligente, la movida inicial de Krauze, consistente en colocarse como potencial perseguido político de la 4T. Sin menoscabo de ello, existen los méritos para abrir investigación y explorar la apertura de un proceso judicial. Santiago Nieto ya dio los primeros pasos. El INE, también, tiene la palabra.
Pese a todo, no hay poder que ponga a salvo a Krauze de las consecuencias más gravosas para un intelectual: la pérdida de reputación. El desafío que tiene por delante es intentar justificar lo éticamente injustificable: comportarse como vil gatillero a sueldo.
En esta historia, que apenas empieza, un ingrediente sintomático adicional será el papel de los intelectuales y sus posicionamientos en relación al caso Krauze. Por razones que escapan al presente pero que operan ostensiblemente, los intelectuales orgánicos juegan bien el papel de ayudarse e impedir que su labor como observadores especializados adquiera visibilidad pública.
Ya es tiempo de que la lupa de la corrupción subsane su punto ciego y ponga al descubierto el más oculto de los contubernios.
*Analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo
