Un juez federal de San Francisco bloqueó este lunes la política del gobierno del magnate Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan a que una corte migratoria escuche sus casos, pero la orden no entrará en vigor de forma inmediata.
El juez Richard Seeborg aprobó una solicitud a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos activistas legales para suspender la práctica en lo que la demanda se abría paso en el sistema judicial. La decisión está suspendida hasta el viernes para darles tiempo a las autoridades federales de presentar una apelación.
La política carece de las protecciones suficientes para garantizar que los migrantes no enfrenten “riesgo indebido a sus vidas o libertades” en México, señaló el juez. Seeborg también dijo que la ley en la que el gobierno de Trump fundamentó su autoridad para devolver a migrantes no aplica para los solicitantes de asilo como los que presentaron la demanda.
Se desconoce si el gobierno solicitaría a una corte de apelaciones que suspenda el fallo. El Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto. Trump tuiteó que el fallo era “injusto para Estados Unidos”.
Por lo general, las familias que solicitaban asilo eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal.
El gobierno de Trump señala que la política se implementó en respuesta a una crisis en la frontera sur que ha superado la capacidad de las autoridades migratorias para detener a los migrantes. Un número cada vez mayor de familias huye de la pobreza y de la violencia relacionada con las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
El fallo se presentó un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen presentó su renuncia y mientras el gobierno enfrenta repetidos contratiempos sobre sus estrictas medidas antimigratorias que fueron parte central de la campaña presidencial de Trump, incluyendo reveses en políticas como la de separar a familias en la frontera y poner fin a las protecciones contra jóvenes inmigrantes.
La demanda afirma que el gobierno de Trump viola las leyes federales al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes en México.
