La embajada de México en Quito, Ecuador, ha dado protección a otros tres políticos opositores que aún no tienen procesos ni acusaciones, después de la huelga nacional durante la que grupos de encapuchados atacaron e incendiaron la Contraloría, entidad que investiga la corrupción durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa.
En un breve comunicado, la cancillería mexicana dijo que recibió en sus instalaciones “para brindarles protección y resguardo, a las siguientes personas: Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional; Soledad Buendía, asambleísta nacional; Carlos Viteri, asambleísta nacional, así como a sus cónyuges”.
El 12 de octubre se notificó el ingreso a la embajada de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, aduciendo que las fuerzas del orden le estaban haciendo un seguimiento extrajudicial.
Añadió que “nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política” y que reafirma su «postura de no intervención» y su deseo de «una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador”.
La agencia AP llamó a la cancillería pero no dieron explicación alguna.
En torno a los violentos acontecimientos ocurridos el fin de semana, especialmente en esta ciudad, fue detenida el 14 de octubre Paola Pabón, prefecta (gobernadora) de Pichincha, cuya capital es Quito, para investigaciones preliminares que condujeron al presidente de la corte provincial, Julio Arrieta, a disponer prisión preventiva para ella, citando artículos penales en torno a desestabilizar el estado.
También es buscado por la policía el exasambleísta Virgilio Hernández, que junto a quienes se refugiaron en la embajada mexicana son muy cercanos a Correa.
El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, varios ministros y otros altos funcionarios están detenidos o procesados por acusaciones de millonarios actos de corrupción con fondos públicos y el ataque a la Contraloría.
