Fuerzas del ejército y la policía se enfrentaron este viernes con partidarios del expresidente Evo Morales en la ciudad de Cochambamba, Bolivia, dejando un saldo de cinco fallecidos y al menos 75 heridos, en un hecho de violencia que intensifica el desafío para el gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.

Este mortal enfrentamiento profundiza aún más la crisis que vive el país andino desde hace tres semanas.

En la jornada, miles de manifestantes –en su mayoría cocaleros del Chapare, reducto del exmandatario– buscaban ingresar a la ciudad de Cochabamba para protestar contra Añez y reclamar el regreso de su líder. Los choques comenzaron cuando manifestantes trataron de cruzar un puesto militar de control, donde opositores y seguidores de Morales se enfrentaron durante semanas.

Los cocaleros informaron de al menos cinco fallecidos cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Más tarde el Defensor del Pueblo en esa ciudad, Nelson Cox, confirmó cinco fallecidos por impacto de bala, 26 heridos y 124 detenidos. La policía informó que a muchos detenidos se les decomisó armas y explosivos.

Después el director del hospital en Sacaba, Guadalberto Lara, dijo a la agencia AP que además de las cinco personas fallecidas, al menos 75 resultaron heridas, en su mayoría de bala.

En La Paz, manifestantes afines a Morales chocaron con la policía que usó gas lacrimógeno para controlar la protesta. Personas mayores y niños quedaron atrapados cuando buscaron refugio en negocios que habían sido cerrados detrás de láminas de metal para protegerse de saqueadores.

Poco antes, Áñez denunció un supuesto “plan subversivo del régimen saliente que intenta destruir el Estado”. Según la autoproclamada mandataria interina, “el blanco son instalaciones petroleras”.

El ministro de Gobierno anunció la supuesta participación de extranjeros. Nueve venezolanos fueron detenidos con armas cerca de la frontera con Brasil, dijo en rueda de prensa

Por la mañana, la nueva canciller anunció la ruptura de las relaciones con el dictador Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR y ALBA y la salida de la brigada médica cubana del país.

La canciller, Karen Longaric, dijo en rueda de prensa que Bolivia deja UNASUR porque en los hechos “el bloque ya no opera, ya no existe y no sirve”.

Agregó que “el gobierno de Bolivia se ha desvinculado del tratado del ALBA” en referencia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que impulso el fallecido dictador de Venezuela, Hugo Chávez.

Longaric anticipó, además, que la embajadora venezolana en Bolivia, Cris González, será declarada persona no grata. “Se dará un plazo para que salgan del país”, dijo al sindicar al personal diplomático de Venezuela, “por haberse involucrado en asuntos internos” de Bolivia.

La funcionaria, además, cesó a todos los embajadores de Bolivia porque eran “operadores políticos”, excepto al embajador en Perú y al representante ante la Santa Sede.

En los tres meses de gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez no se nombrarán embajadores, dijo.

Áñez había anticipado que su gobierno transitorio reconoce al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como mandatario legítimo de Venezuela y le pidió que enviara un embajador a Bolivia.

De la misma forma, Longaric dijo que el nuevo gobierno boliviano envió una queja a México por los “pronunciamientos hostiles” que desde su exilio en ese país hace el expresidente Morales.

Más temprano Áñez advirtió que si el exmandatario regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral, mientras el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para restaurar la paz y celebrar elecciones en medio de fuertes movilizaciones.

Morales “puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral. Nadie lo echó, se fue solo”, dijo la mandataria en una reunión con corresponsales.

Esta mañana, Áñez reconoció que hay aproximaciones con legisladores del Movimiento Al socialismo (MAS), el partido de Morales, que controla casi dos tercios de la Asamblea Legislativa, para encaminar la agenda legislativa, pacificar el país y convocar nuevas elecciones.