El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que acatará una orden de la Corte Suprema para dejar de presionar a los diputados de su país para que le avalen un millonario préstamo que le permita combatir la delincuencia, en un movimiento con el que parece intentar reducir las tensiones generadas tras llamar a la “insurrección” contra el Congreso.
“Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional… acataremos la orden emanada”, señaló el martes en un comunicado la Presidencia de la República.
Tras un choque de poderes entre el presidente y la Asamblea Legislativa, que se agravó el domingo cuando fuerzas especiales de la policía y de la fuerza armada entraron al recinto legislativo para presionar a que se aprobara un préstamo de 109 millones de dólares para impulsar su estrategia de combate a las pandillas, la Sala de lo Constitucional de la Corte le ordenó a Bukele no usar a las fuerzas de seguridad en “actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos”.
Las imágenes del ejército dentro del Congreso provocaron críticas dentro y fuera de El Salvador, en medio de llamados a Bukele de respetar la institucionalidad democrática.
La Corte también ordenó al ministro de la Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados, y exigió al Consejo de Ministros -del cual forma parte Bukele- el cese de los efectos de la convocatoria a una sesión extraordinaria para aprobar el préstamo.
El último punto alude al artículo 167 constitucional invocado por Bukele, que corresponde al Consejo de Ministros y permite “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”. Con éste, el presidente pidió a los legisladores presentarse el domingo en el Congreso para evaluar su propuesta.
En una primera reacción, el mandatario respondió a través de Twitter: “El sistema se auto protege. Y así es como las cosas siguieron igual…”.
Sin embargo, luego la presidencia emitió el comunicado el martes en el que dice que acatará la orden. Sin embargo, también exhorta a la Corte a que al pronunciar su sentencia definitiva, “tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad, a través de una interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida en la Constitución al Consejo de Ministros”.
La controversia entre Bukele y los diputados surge después que, a pesar de que la Comisión de Hacienda ya había avalado que se aprobara el préstamo, la cúpula de los dos partidos mayoritarios, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), anunciaran que retiraban el apoyo alegando que necesitaban más información de como se iba a usar el dinero.
Bukele respondió que sus ministros han acudido a todos los llamados de los diputados para dar todas las explicaciones que han pedido.
El préstamo sería usado para implementar la Fase III del Plan Control Territorial, con el que según el gobierno y algunos analistas, se ha logrado bajar el índice de homicidios.
Las cifras oficiales indican que en enero se registraron 119 asesinatos, un promedio de 3.8 al día, convirtiéndose en el mes menos violento desde la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992.
Cuando Bukele fue juramentado el 1 de junio, se registraba un promedio de 9.2 homicidios diarios y en el primer mes de su mandato bajó a 7.7. Al cumplir sus primeros 100 días, la cifra se ubicaba en 5.9.
El mandatario atribuye la reducción de homicidios a un despliegue de policías y militares por todo el país.
“El principal logro del gobierno ha sido la disminución considerable de los homicidios y la población mira con buenos ojos el Plan Control Territorial”, dijo a la agencia AP, Juan Carlos González Saca, decano de la Facultad de Posgrados de la Universidad «José Matías Delgado».
