Cientos de policías le impidieron el paso este martes a una marcha de opositores que intentaba llegar a la Asamblea Nacional de Venezuela, el mismo día en que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que continúan los ataques contra los adversarios del dictador Nicolás Maduro.

Los agentes con equipos antimotines apoyados por camiones blindados bloquearon una avenida en el límite entre Caracas y el municipio capitalino de Chacao, al este, para impedir el paso de los manifestantes encabezados por el líder opositor, Juan Guaidó.

Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, intentó inútilmente negociar con los agentes por unos minutos hasta que los uniformados comenzaron a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de personas que les arrojaban objetos.

Los objetivos a este momento han sido cumplidos… visibilizar la protesta”, dijo Guaidó a los agentes antes del altercado. “Quedó claro aquí que no hay miedo”.

Para renovar la presión contra el régimen de Maduro, la oposición llamó a una movilización que aspiraba llegar a la sede del legislativo de Venezuela  que desde inicios de año está tomada por las fuerzas de seguridad que han impedido la entrada a Guaidó y a la mayoría opositora. La oposición abandonó hace varios meses las protestas ante la escasa asistencia de manifestantes y el desánimo de la población.

Durante 2019 Guaidó encabezó multitudinarias movilizaciones y un fallido alzamiento militar contra Maduro quien logró superar la crisis gracias, en parte, al respaldo del alto mando militar y el apoyo de Rusia, China, Turquía y Cuba.

Por su parte, el gobierno convocó a marchar en Caracas para medir fuerzas con la oposición.

Sin obstáculo de las fuerzas de seguridad, varios miles de empleados públicos, milicianos y seguidores del gobierno -muchos vestidos con las características camisetas rojas- marcharon por una avenida del centro de la capital.

La tensión política y los ataques contra opositores fueron mencionados este martes por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en la actualización oral de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Bachelet observó que continúan “los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición”, resaltando que desde el 5 de enero, fecha de inicio del nuevo año legislativo, las “fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional”.

Las agresiones “suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia”, acotó la comisionada en su informe. Añadió que “mi oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Además señaló que la cifra de venezolanos que emigran sigue aumentando. Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4.9 millones de personas han abandonado el país.

La mayoría opositora espera aprobar este martes un “pliego nacional de conflicto” que reúna las exigencias de diversos sectores y que servirá de base para las próximas acciones de protesta.

La nueva fase de protestas se da tras la gira internacional que realizó Guaidó entre enero y febrero por Europa, Canadá y Estados Unidos y que incluyó encuentros con varios líderes europeos y el magnate Donald Trump.

Diosdado Cabello, presidente de llamada Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que con la movilización de este martes el oficialismo busca “enviarle un mensaje al mundo de nuestra lucha por la paz”.

Un día antes de las marchas Maduro activó de manera sorpresiva la segunda fase de unos ejercicios militares en Caracas y cuatro estados que se extenderán por dos días.

El jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, indicó que todos los miembros de las fuerzas armadas, integradas por unos 200 mil hombres y más de tres millones de civiles armados conocidos como “milicias”, participarán en las acciones de inteligencia y búsqueda de grupos armados.