El fracking sigue presente en México pese al compromiso del gobierno federal, denunció este martes la asociación Alianza Mexicana contra el Fracking, que alertó de los peligros para el medio ambiente de este método invasivo.
“Hemos visto nuevas señales, y ya con decisiones tomadas sin ninguna duda por la administración actual, que el ‘fracking’ continúa”, aseguró en teleconferencia Aroa de la Fuente, quien comandó una investigación de esta asociación, realizada en 2019 a través de fuentes oficiales.
Según De la Fuente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó en 2019 seis planes de exploración relacionados con esta técnica, además de dar luz verde a otro que también incluye estas prácticas pese a no ser su objeto principal.
La petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex), la más endeudada del mundo, fue la beneficiaria de seis de estos siete contratos de exploración.
“El estado está involucrado en la realización de esta actividad de diferentes maneras: a través de la entrega de permisos y a través de la realización de esta actividad mediante una empresa pública, Pemex”, indicó De la Fuente.
Con todo, entre 2019 y 2021 el actual gobierno contempla realizar fracturaciones hidráulicas en entre 6 y 10 pozos.
El presupuesto público de 2020 incluye también dos proyectos con esta técnica de extracción por 10 mil 837 millones de pesos, un aumento respecto a los 6 mil 603 millones de pesos que contemplaba en 2019.
Frente a estas realidades, López negó este martes que su gobierno autorizara permisos para extracciones con fracking durante 2019 y dijo que lo investigaría, porque ya dijo “no” al fraccionamiento hidráulico y “a la explotación minera a diestra y siniestra”.
“No hemos entregado una sola concesión para la minería, entre otras cosas, porque hay millones de hectáreas concesionadas del periodo neoliberal que ni siquiera se están explotando”, aseguró López en su conferencia diaria.
La discusión sobre el “fracking” llega en días convulsos en el apartado energético para el gobierno, ya que la Secretaría de Energía publicó el pasado viernes una nueva normativa del sector muy criticada.
El reciente acuerdo energético contempla cambios en los criterios, ya que ahora el regulador elegirá mediante un criterio de “confiabilidad”, sin privilegiar el menor costo económico de la energía, lo que podría favorecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de las renovables.
Además, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó a finales de abril otro acuerdo que impedía las pruebas operacionales en centrales de energías limpias que estuvieran por abrir.
El sector privado anunció medidas legales que ya han empezado a surtir efecto, según informan este martes medios locales, tras conocerse los primeros amparos favorables por parte de un juez federal a las empresas que denunciaron el acuerdo del Cenace de finales de abril.
